La ex gerente de Emvicesa, Kissy Chandiramani, "cree" que las VPO pagadas por el Estado de Loma Colmenar, en concreto las 170, se adjudicaron correctamente aplicando la Ordenanza de 2006 y con la Comisión Local de la Vivienda jugando un papel protagonista y ejecutivo pero ha asumido que existen "dudas jurídicas" tras tener conocimiento "a través de los medios" de la existencia de un Acuerdo Marco entre el Estado y la Ciudad específico con su propia Comisión Técnica de Evaluación para las casas construidas en virtud del mismo.

Según la ahora consejera de Hacienda, desde su punto de vista dicho pacto sería el "marco genérico" de desenvolvimiento de la Administración porque "no había otra norma" al margen de la Ordenanza de 2006, que supuestamente decaía en favor de dicho Acuerdo entre Administraciones de acuerdo con la defensa de las ex consejeras Susana Román y Rabea Mohamed, que llevan meses defendiendo que precisamente se creó una Comisión de Seguimiento para llevar las riendas y que los criterios para la adjudicación de las promociones pagadas por el Ministerio íntegramente, como han coincidido en señalar las dos Administraciones ya por escrito, llegaban a la Comisión solo para "darle cuenta".

A partir de ahí, “si la única motivación de la imputación [sobre Román, Mohamed, Ali y Carracao] es pertenecer a la Comisión Local de la Vivienda y queda acreditado que no tenía la función de controlar la legalidad y transparencia en esta promoción de viviendas, no existe motivo para continuar dicha imputación por cuanto ellas no eran quienes tenían que controlar la adjudicación y el trabajo que desde Emvicesa se había encargado realizar”.

Todo ello porque la Ordenanza “no resulta de aplicación al procedimiento de adjudicación de las 170 VPO de Loma Colmenar” puesto que las mismas “fueron financiadas en su integridad por la Administración Central del Estado”, con lo que “la competencia para el proceso de adjudicación, control y seguimiento de las mismas corresponde a la Comisión Técnica de Evaluación que se constituyó el 3 de noviembre de 2011”.

"Dudas" han reconocido también Chandiramani y la jurídico de Emvicesa que ha declarado también este martes como testigo en el marco del 'caso Emvicesa' sobre si la Comisión Local es o no un "órgano administrativo", esto es, con capacidad ejecutiva de decisión, a la vista de que carece de Registro o funcionarios adscritos, según han informado fuentes judiciales a Ceutaldia.com.