La defensa de las ex consejeras destaca que quienes fueron clave para su imputación ahora "dudan"

Imagen de archivo.

La defensa de las ex consejeras Susana Román y Rabea Mohamed ha puesto de relieve las "dudas, indecisión y vaivenes" que, a su juicio, han mostrado este lunes en sede judicial la ex gerente de Emvicesa, Kissy Chandiramani, y una jurídico de la sociedad municipal "que en su momento no dudaron y con informes y declaraciones contribuyeron, según palabras textuales del fiscal, a la imputación de los miembros de la Comisión Local de la Vivienda".

"Ante la documentación que obra en autos queda en entredicho lo que informaron verbalmente y por escrito", ha opinado esa parte después de que la actual consejera de Hacienda haya "reconocido que no conocía el Acuerdo Marco entre el Estado y la Ciudad de 2007 cuando remitió informes a la UDYCO en 2016". No obstante, Chandiramani "ha mantenido de manera inexplicable la aplicabilidad de la Ordenanza de 2006 y la competencia de la Comisión Local a pesar de no dudar de la financiación íntegramente estatal de las 170 VPO yde los informes que ya obran en el procedimiento referidos a éste particular, de indudable importancia".

Para la defensa de Román y Mohamed la pregunta clave es clara: "Con lo que conocemos hoy y lo que dice la Ordenanza de 2006, ¿era posible su aplicación y competente la Comisión Local?". Desde su punto de vista "basta saber leer" para concluir que "no", puesto que "el artículo.2.2. de la norma excluye este tipo de promociones de su ámbito".

"Si se repasan las distintas actas de la Comisión Local sobre la adjudicación de las 170 VPO se observa que lo que se hace es asumir los criterios fijados por la Comisión Técnica de Evaluación, cuya existencia y decisiones adoptadas en su seno no tendrían sentido alguno", argumenta la defensa, que ha remarcado que las dos testigos han coincidido este lunes en que al órgano local se le "daba cuenta" pero no "aprobaba".

"Basta comprobar los cupos de la Ordenanza de 2006 y los que se ordenaron en el procedimiento de las 170 VPO para ver que pertenecen al Plan Estatal y no a la Ordenanza pero más peregrina ha sido la testifical de la jurídico, que ha llegado a declarar que utilizaban esa norma porque 'no había otra' y ha aseverado que ella 'no asesora de nada' porque 'quien vela por la legalidad en las Comisiones Locales es quien ejerce presidente".

De acuerdo con la lectura de la defensa de las ex consejeras que lidera Jorge Martín Amaya, tanto Chandiramani como la técnico han mostrado también "dudas" sobre si Emvicesa es un órgano administrativo o una sociedad mercantil y han reconocido que con esa promoción "fue la primera vez que en una adjudicación había un Convenio Marco y una Comisión Técnica".

"Frente a la documentación pública aportada nadie ha podido cuestionar su veracidad y vigencia", concluye esa parte, que entiende que “no teniendo competencia para el proceso de adjudicación, la Comisión Local de la Vivienda difícilmente podía dictar resoluciones válidas en derecho que supongan objeto de una prevaricación administrativa ni de una falsedad en documento, pues tan solo le dieron cuenta en una reunión de febrero de 2013”.