FALTA DE COMPETENCIA

Aportan otro documento para probar que el Estado pagó las 170 VPO y la Comisión Local no las adjudicó

Aportan otro documento para probar que el Estado pagó las 170 VPO y la Comisión Local no las adjudicó
Imagen de la promoción de Loma Colmenar.
Imagen de la promoción de Loma Colmenar.  

La rama política del 'caso Emvicesa', la que mantiene como investigados a Susana Román, Rabea Mohamed, Mohamed Ali y José Antonio Carracao por cómo se adjudicaron las 170 VPO de Loma Colmenar, adonde saltaron las diligencias que comenzaron con la denuncia de la primera por la 'lista fantasma' de las 317, donde supuestamente está el meollo del presunto cohecho que tiene a Antonio López como supuesto líder de una trama de entrega de casas hasta a cambio de dinero, se enfrenta a la tesis del delito imposible.

“Si la única motivación de la imputación es pertenecer a la Comisión Local de la Vivienda y queda acreditado que no tenía la función de controlar la legalidad y transparencia en esta promoción de viviendas", argumentó en octubre la defensa de las antiguas miembros del Ejecutivo local, "no existe motivo para continuar dicha imputación por cuanto ellas no eran quienes tenían que controlar la adjudicación y el trabajo que a Emvicesa se había encargado realizar”.

El abogado de Román y Mohamed ha aportado a la causa un nuevo documento para probar que la Comisión Local, a la que pertenecían los cuatro políticos investigados, no llevó la adjudicación de esa promoción porque la pagó íntegra el Estado y los criterios se pactaron en Madrid y se remitieron a Emvicesa para que los aplicase. Por tanto, la adjudicación quedaba resuelta “con la mera ordenación de los inscritos en el Registro de Demandantes por cupos” y la Comisión Local nunca dio luz verde a ninguna lista “ni se sometió ninguna propuesta de aprobación” ni se fijaron criterios ni procedimientos.

El Ministerio Público se opuso a su solicitud remitiéndose a lo declarado por la jurídico de Emvicesa y la ex gerente de la sociedad, Kissy Chandiramani (citada en enero de nuevo para ampliar sus explicaciones), según las cuales “era de aplicación” el Reglamento local a esa promoción, y cuestionando la “aplicabilidad” del Acuerdo Marco Estado-Ciudad de 2007 tanto en su ámbito “material” como “temporal” al estimar que no constaba “ninguna documental que acredite que era la normativa aplicable más allá de Nochevieja de 2010, cuando en principio vencía.

El letrado de las ex consejeras, Jorge Martín Amay, ahora espera también un pronunciamiento por escrito de la Intervención de la Ciudad al respecto, viene, a su juicio, a dejar “fuera de toda duda” tanto que el Estado pagó hasta el último céntimo de las casas (con lo que la Comisión Local carecía de competencia para actuar aplicando el Reglamento de adjudicación de la Ciudad) como la vigencia del Acuerdo Marco de 2007 y la creación de una comisión de seguimiento para  los planes de vivienda impulsados en las dos ciudades autónomas.

El documento, firmado en 2015, recuerda que el extinto Ministerio de la Vivienda (a través de SEPES) y la Ciudad Autónoma pactaron en 2007 la construcción de 600 VPO en Ceuta con el compromiso estatal de “financiar la urbanización y construcción de las viviendas” con una aportación de 48 millones de euros.

 

Financiación estatal

En 2009 se aprobó “un borrador de adenda al convenio para prolongar su duración” y en 2011 se firmó un nuevo convenio que elevó a 82,5 millones la inversión total. “SEPES ha desarrollado la primera promoción para la construcción de 170 VPO con un coste total de 17,1 millones, suscribiéndose acta de entrega el 31 de julio de 2012, y la segunda promoción de 317 VPO con un coste estimado de 41,9 millones, firmándose acta de entrega el 9 de diciembre de 2014”, refiere el texto que asumió la necesidad de que el Ministerio pusiera en 2015 y 2016 un total de 11,1 millones por encima de los inicialmente contemplados al margen de la liquidación definitiva de la obra por el abono de los justiprecios de expropiaciones.

promoción 170 vpo loma colmenarEl Plan de construcción de esas viviendas, de las que hasta ahora solo se han levantado 487, establecí que se trataba de casas protegidas para arrendamiento y que tanto la propuesta de criterios como la adjudicación quedaba atribuida a una Comisión Técnica de Evaluación que se constituyó el 3 de noviembre de 2011, cuando estaba “próxima a la finalización” la obra de las 170 VPO.

Sus integrantes eran el ex delegado del Gobierno José Fernández Chacón y otras dos altos cargos del Ministerio, por parte del Estado; y Francisco Márquez, Guillermo Martínez y Antonio López por la Ciudad Autónoma, aunque este último no se acordaba siquiera de la existencia de este órgano cuando fue preguntado al respecto en sede judicial en verano.

Todos ellos acordaron en el Salón de Embajadores de la Secretaría de Estado de Vivienda, en el madrileño Paseo de la Castellana, el 3 de noviembre de 2011 que la promoción de 170 VPO tuviera como destinatarios “preferentes” a “menores de 35 años; discapacitados físicos; afectados por expedientes de ruina, desalojos y actuaciones urbanísticas; familias monoparentales; y mayores de 65 años” con unos ingresos ponderados que no superasen en 2,5 veces el IPREM, que por aquel entonces ascendía a 532,51 euros al mes.

Para la defensa de Susana Román y Rabea Mohamed está claro que “ni los criterios ni el procedimiento de adjudicación fueron decididos por la Comisión Local, como sí ocurrió con las promociones promovidas con subvención de a Ciudad y, por tanto, incluidas en el ámbito de aplicación de la Ordenanza de 2006”. De hecho, los criterios elegidos fueron los del Plan Estatal de Vivienda y no los estipulados para otras promociones de la Ciudad.

La Fiscalía ha llegado a asumir que el Acuerdo Marzo señala a esa Comisión Técnica como “el órgano encargado de llevar a la práctica el procedimiento de adjudicación de viviendas” pero se extraña de que solo conste “un acta de constitución sin más actuaciones [...], ni tan siquiera el requerimiento a los funcionarios de Emvicesa del listado oficial de demandantes de viviendas, por lo que no puede de dotarse de verosimilitud y de operatividad a dicho organismo”.

La comisión de seguimiento de los planes de viviendas de Ceuta y Melill sí se reunió al menos en noviembre de 2008, en septiembre del año siguiente, en mayo de 2011 y en noviembre de 2014. Además, en las actas de la Comisión Local de 2012 consta el encargo de la Comisión Técnica a Emvicesa para aplicar sus criterios y quedó constancia en los contratos.