La defensa de López considera exagerada la acusación de organización criminal

Antonio Lopez

La Policía es una exagerada. Esa es la base del argumentario de la defensa del ex gerente de Emvicesa y ex viceconsejero del Gobierno de Vivas, Antonio López, para lograr su puesta en libertad en el quinto recurso diez meses después de su detención. Una exageración que brilla especialmente en la acusación de formar parte de una red criminal, alega la defensa del ex viceconsejero.

“Se trata de un ejemplo paradigmático de la exageración no exenta de grandilocuencia, de los atestados policiales asumidos sin crítica por las resoluciones judiciales”, concluye el abogado de Antonio López, José María Calero, para el que los delitos de los que se acusa a su cliente están cogidos sobredimensionados. La defensa de López considera que ni las diligencias que transcurren ya a lo largo de dos años y medio “permiten vislumbrar algunos elementos esenciales de tales delitos, ni cabe asociar graves consecuencias penales”. Delitos en algunos casos “exagerados” como es el de organización criminal, por lo que, insisten, no ven de recibo la prisión incondicional.

Autoría compartida

Rechaza también la defensa las hipótesis que centran en Antonio López el liderato de esa presunta organización criminal y apunta, si acaso, a una autoría “compartida”. Las actuaciones, recuerda, cuentan con más de treinta investigados con similares calificaciones jurídicas. “Cabe preguntarse por qué en todos esos casos, con idénticas imputaciones, no se aprecian riesgos que obliguen a su privación preventiva de libertad”, comparan con el caso de López, en prisión desde febrero del año pasado. “Las inverosímiles y, como ya ha advertido la Sala poco definidas hipótesis de incriminación que sostienen aún abierta la presente causa penal, se remiten a una actuación de distintas personas dentro y fuera de EMVICESA, por ello solo cabe maginar una autoría compartida que todavía hace más inexplicable el distinto trato ofrecido a unos y otros, respecto de su situación personal”.

La defensa de López subraya insistentemente que ni las resoluciones judiciales notificadas hasta ahora en estos diez meses que lleva el viceconsejero en prisión “identifican, ni es posible conocer, qué resoluciones dictadas por mi mandante en resolución de un asunto administrativo pueden calificarse de injustas y manifiestamente contrarias a derecho”, lo que supondría un delito de prevaricación. Un delito que, por otra parte, destaca Calero en su escrito de recurso no lleva aparejado la pena privativa de libertad.

En cuanto al cohecho, la defensa acusa de indefinición a la Instrucción, que no ha precisado los límites de este delito en este caso concreto, quedándose en “valoraciones”: “Las actuaciones, que arrancaron con valoraciones sobre los delitos más propiamente policiales y genéricas, hasta donde esta parte entiende, al día de hoy siguen en esa indefinición y carecen de elementos que permitan identificar ninguno de esos elementos”.

Delitos de los que no hay indicios en los correos interceptados en el ordenador de Rabea Mohamed, ex consejera de Asuntos Sociales y que, además, quedarían anulados por “las valiosas y transcendentales aportaciones de la investigada (Susana Román, presidenta del Consejo de Administración de EMVICESA) remiten a una tramitación automática en los deberes inherentes al cargo de gerente no ofrecen señales de incumplimiento o retraso”.

Tampoco ve la defensa mimbres para cuadrar una acusación por malversación:  “No es posible identificar alguna adjudicación que tenga que ver con algún familiar o allegado a mi mandante, ni cabe referir la adjudicación de viviendas a ninguna resolución de mi mandante, lo que hace inviable o, al menos, muy difícil construir el presupuesto fáctico de esta nueva figura delictiva”. Argumento similar usa la defensa del ex responsable de vivienda en Ceuta, en lo que se refiere a falsedad documental: “A esta parte no le consta, tras más dos años y medio de instrucción, pericial o diligencia de instrucción que estudie, señale o apunte la existencia de algún documento modificado, alterado, simulado o cuyo contenido refleje hechos inciertos. No podemos saber y no es descartable que sea consecuencia de la falta de pericial de la dirección letrada, qué documento ha falsificado mi mandante”.