Funcionarios de Servicios Sociales negaron haber hecho nunca alguna baremación de sus usuarios para Emvicesa

Funcionarios de Servicios Sociales negaron haber hecho nunca alguna baremación de sus usuarios para Emvicesa
Bombo específico para los beneficiarios del Alojamiento Alternativo en el último sorteo
Bombo específico para los beneficiarios del Alojamiento Alternativo en el último sorteo  

En uno de los últimos pasos dados por la instrucción judicial del Caso Emvicesa se tomó declaración a varios trabajadores de los Servicios Sociales de la Ciudad Autónoma de Ceuta en calidad de testigos. Y ellos negaron haber hecho nunca listado alguno con baremación de los usuarios de Servicios Sociales de cara a remitírselo a Emvicesa. Nunca, es en los años que llevan trabajando en el departamento municipal, más de 10 en algún caso, lo que implica dejar en manos del responsable político de turno en el área esos listados en base a los cuáles supuestamente Emvicesa llenaba el cupo reservado para estos usuarios.

La inexistencia de esa baremación en Servicios Sociales –refrendada en un escrito remitido por la sucesora de Rabea Mohamed al frente de Asuntos Sociales, Adela Nieto- adquiere una importancia vital para la investigación dado que abre la puerta a la arbitrariedad en la asignación de viviendas dentro de ese cupo, dejando manga ancha a la titular de Servicios Sociales, Rabea Mohamed (señalada como investigada de tres delitos: prevaricación, falsedad documental y tráfico de influencias) y al gerente de la empresa municipal, Antonio López, para repartir las viviendas y colar en la lista a los supuestos compradores bajo cuerda de las mismas.

El pasado nueve de marzo declararon ante la magistrada Lucini, declararon dos trabajadores de servicios sociales, ambos coincidieron en señalar la inexistencia de esos listados baremados. Nunca nadie se los pidió.

El primero de ellos gestiona la prestación de Alojamiento Alternativo, cuyos beneficiarios suelen tener su propio cupo en las promociones a adjudicar por Emvicesa. El trabajador de Servicios Sociales explica con cierto detalle en que consiste su trabajo y llegado el punto clave declara que “en la promoción 317 mandaron una lista con todos los beneficiarios de alquileres y las pensiones, se mandó mediante un escrito registrado con la firma de la jefa del servicio, lo mandaron en el mes de agosto”. Se refiere al proceso de selección nuevo de las 317, el que visó la juez y se abrió a raíz de anular la lista fantasma. Y esa era, según este funcionarios “la primera vez que participaron” en un proceso de adjudicación de viviendas. “10 años trabajando en Servicios Sociales y nunca han mandado nada”.

Como trabajador nunca vio una lista de cara a las adjudicaciones y su testimonio es demoledor al referirse a las 170:

“Que de la lista de las 170 exhibida por la UDYCO había personas que no eran ni siquiera usuarios de Servicios Sociales y nunca han mandado nada. Que no sabe quien ha metido a la gente de la promoción 170, que es una de las grandes preguntas que se han hecho dado que 30 personas no constaban ni en la base de datos de servicios sociales, que nunca han informado en ninguna promoción salvo en la 317 buena (…) Que para dar una vivienda, Servicios Sociales no puntúan, solo bareman para dar ayudas al alquiler, no tienen criterios para baremar la adjudicación de vivienda porque ellos no adjudican. Que nunca le han dado una lista a la consejera, porque ellos no hacen lista”.

Y abunda en la misma línea, diciendo que la única lista que pasaban a la consejera era la de quiénes eran beneficiarios de ayudas, pero sin baremar nada y sin comprobar después quién de esa lista recibía vivienda. Y esa práctica, la hace extensiva en el tiempo mirando hacia atrás al recordar como se trabajó en las 225 de Loma Colmenar. “Que en la promoción 225, se cubrió casi todo por Fomento, lo que hicieron fue ir al Chorrillo Miramar para ver qué personas vivían allí. Lo que hicieron fue una lista para ver que personas estaban en ayuda de alquiler y se la entregaron a la consejera, pero tampoco le hicieron caso, cree que de esta lista sólo fueron adjudicatarios tres personas”, recoge su testifical en el juzgado. En ese momento la consejera era la hoy jefa de gabinete del presidente Vivas, Carolina Pérez. Y si a Pérez le entregaron una lista que después no se vio reflejada en las adjudicaciones de las 225, peor parece lo sucedido en las 170, “que no le han entregado ninguna lista a Rabea Mohamed. Que no sabe como se entregaron las viviendas de la promoción 170, que no sabe como ha llegado esos usuarios a la lista y cerca de 30 ni siquiera estaban registrados en su base de datos, y no sabe como esas personas han entrado por cupo de Servicios Sociales”.

Insiste y resume ante las preguntas de la Fiscalía: “Que no le consta que se hubiese hecho una lista por los técnicos de Servicios Sociales; que nunca ha elaborado ninguna lista y nunca han baremado ni han hecho una selección de personas demandantes. Si va a la Comisión de Vivienda tiene que ir una lista con las 500 familias y en el supuesto de que se hubiese hecho la consejera la defendió muy mal”.

El testimonio de este trabajador va en la misma línea que el de su compañera: no hacían lista baremada para procesos de adjudicación de vivienda; no tenían criterio para baremar; no lo hacían llegar a la consejera y el único listado es el de todos los beneficiarios de las ayudas sociales. Ambos contradicen al de la ex consejera investigada, Rabea Mohamed y también al de Carolina Pérez. Ambas declararon ante la jueza que sí que remitían un listado desde Servicios Sociales a Emvicesa.

En el resumen de la testifical de Rabea Mohamed que hace la UDYCO y que consta en el sumario, Rabea reconoce haber mandado “una relación de personas” para las 170 y un “listado de alojamientos alternativos” en las 317 para que fueran tenidos en cuenta de cara a la adjudicación de viviendas. En el caso concreto de las 170 Rabea declaró haber llevado “una lista con número unas 30 ó 40 adjudicatarias y entraron de esa lista unas 18 ó 19”. Entre los adjudicatarios finales estuvo su tío.

En la misma línea declara Pérez como miembro del Consejo de Administración de Emvicesa durante la pasada legislatura cuando fue la número 2 en Fomento. “Ha sido consejera de Asuntos Sociales y han remitido a Emvicesa listados en los distintos procesos de adjudicación ya que siempre tienen un cupo para ellos (ruina, obras, necesidad, etc). (…) Expone que se lleva una lista de Asuntos Sociales con DNI, nombre y sus circunstancias a la Comisión. Los técnicos de Asuntos Sociales elaboran una lista de mayor a menor necesidad, y la Consejera lo lleva a la Comisión, donde se eligen los cupos y valoran en primera lugar que estén en el cupo y luego los casos más graves”. Su testimonio es contradictorio, precisamente con el de los técnicos de Servicios Sociales, que niegan hacer esas listas de mayor a menor necesidad.

Pérez incluso en la testifical saca pecho diciendo que en la promoción de las 225 consiguió casi todas para su cupo. Afirmación que no parece demasiado prudente habida cuenta de que las investigaciones policiales señalan precisamente a la inexistencia de un proceso reglado y baremado en esos cupos como causa del coladero en las listas finales que permite, supuestamente, a Antonio López y sus colaboradores vender las adjudicaciones de viviendas públicas.

Tal es así, que la trabajadora de Servicios Sociales señala lo que después corroborará la investigación policial, supuestamente dentro del cupo reservado a Servicios Sociales, en las 170 se coló gente que ella afirma que no eran beneficiarios de ayuda alguna o estaban registrados en la base de datos de la oficina de Servicios Sociales.