La instructora del 'caso Emvicesa' ha recibido este miércoles el informe de la Policía Nacional sobre el contenido del teléfono móvil de Antonio López y, salvo inesperada sorpresa, firmará durante los próximos días el último capítulo de sus diligencias previas, el auto de procedimiento abreviado que presumiblemente dará por finiquitada la investigación para pasar a una fase intermedia en la que las partes podrán pedir archivo, formular acusación o, excepcionalmente, requerir alguna prueba complementaria más.
El auto de la jueza llegará casi sobre la bocina del plazo límite de 18 meses establecido (aunque algunas fuentes apuntan que sería prorrogable también de forma excepcional) para terminar la instrucción, en este caso a contar desde la fecha en la que se levantó el secreto de sumario, el 7 de abril del año pasado, lo que permitió que vieran la luz miles de folios con cientos de escuchas telefónicas que, más allá de su relevancia penal, se llevaron por delante a algún asesor del presidente y ruborizaron a otros agentes públicos.
Según las fuentes consultadas por este periódico el análisis del contenido del celular del ex gerente de Emvicesa no aporta novedades sustanciales en relación con el asunto que se investiga, la presunta existencia de una trama dedicada a la adjudicación irregular incluso a cambio de dinero de viviendas protegidas en la ciudad autónoma, la actuación no suficientemente diligente para evitarlo de políticos y (en pieza separada) una red de tráfico de influencias..
El caso, con más de 60 investigados (algunos de ellos testigos clave al mismo tiempo para sostener la acusación contra otros), incluye entre ellos a la persona que encendió el proceso judicial, la ex consejera de Fomento, Susana Román, que en junio de 2015 reaccionó a la publicación de una 'lista fantasma' de adjudicatarios de las 317 VPO de Loma Colmenar poniendo el asunto en manos de la Justicia.
Entre bambalinas avanzaron las pesquisas sobre todo lo, mucho, parece, que se movía fuera de la ley en Emvicesa hasta que, en febrero del año pasado, justo después de pasar su último fin de semana libre en la ciudad, ya aparentemente 'perseguido' por 'clientes', López fue arrestado en Marbella y, en Ceuta, a los tres días, la propia Román, su compañera de Consejo de Gobierno Rabea Mohamed y el líder de Caballas, Mohamed Ali, todos ellos con escarnio público por formar parte de la Comisión Local de la Vivienda.
El socialista Carracao fue citado a declarar en el Juzgado pero no arrestado. Las dos primeras vieron terminar entonces de forma abrupta su carrera política y el tercero la salvó gracias al apoyo inquebrantable de su formación, convencida de su inocencia y de su honestidad.
A López, principal acusado, se le imputan presuntos delitos de cohecho, organización criminal, prevaricación administrativa, malversación, falsedad documental, etcétera. Tras más de un año entre rejas, para poder salir de la cárcel (sin pasaporte y obligado a firmar en sede judicial, algo que hace en la península, cada lunes, miércoles y viernes), su entorno tuvo que reunir una fianza hipotecaria de casi 300.000 euros y depositar 14.000 en metálico. El resto de los presuntos 'intermediarios' y 'conseguidores' que supuestamente actuaban en complicidad con él para 'vender' VPO también han salido de prisión en su totalidad.
Con toda probabilidad a la Audiencia Provincial no le corresponderá solo dilucidar, si no estima antes la instructora sus tesis, si la defensa de Susana Román tiene razón en que la Comisión Local de la Vivienda no pudo delinquir ni influir en nada con las 170 VPO cuando se reunió en marzo después de que los contratos se rubricasen el otoño anterior y cuando "no adjudica nada" sino que "da cuenta" del fin de un procedimiento.
También está en el aire si será necesario juzgar algunos delitos con jurado popular y si otros corresponderán a tribunal profesional, ya que de ello dependerá qué ocurre con la supuesta prevaricación imputada a los políticos pues "la Ley del Jurado dice que no se aplica si se da el delito de prevaricación, como se baraja en este caso".
Ante la avalancha de recursos que se anticipa y los tiempos de resolución habituales, la fijación de un juicio oral, caso de haberlo, no se prevé ni en el más optimista de los casos, según las fuentes consultadas, para antes de 2020.
