La Intervención de la Ciudad certifica que no hubo financiación local para construir las 170 VPO

Imagen de la promoción.

La existencia o no de aportación económica para la promoción se ha convertido en un elemento clave para determinar si la Comisión Local de la Vivienda tuvo competencias para su adjudicación, por la que figuran como investigados en el 'caso Emvicesa' sus miembros la pasada legislatura, Susana Román, Rabea Mohamed, Mohamed Ali y José Antonio Carracao.

El artículo 2.2 de la Ordenanza de adjudicación de viviendas protegidas de 2006 por cuya presunta aplicación sin diligencia están investigados por uno o varios delitos los miembros de la Comisión Local de la pasada legislatura (Susana Román, Rabea Mohamed, Mohamed Ali y José Antonio Carracao) establece que es de apicación "a las Viviendas Protegidas [de promoción pública o privada] que reciban subvención de la de la Ciudad Autónoma de Ceuta".

Si la tuvieron o no se ha convertido en un elemento clave para dilucidar si ese órgano era competente en la gestión de su adjudicación, pues para la defensa de las ex consejeras “si la única motivación de la imputación es pertenecer a la Comisión Local de la Vivienda y queda acreditado que no tenía la función de controlar la legalidad y transparencia en esta promoción de viviendas, no existe motivo para continuar dicha imputación por cuanto ellas no eran quienes tenían que controlar la adjudicación y el trabajo que a Emvicesa se había encargado realizar”.

La Intervención de la Ciudad ha certificado por escrito que en los presupuestos de la Administración local “no ha figurado cantidad alguna  para la financiación de la promoción y construcción” de las 170 viviendas protegidas de Loma Colmenar, según consta en el escrito que ha remitido al Juzgado de Instrucción número 3 que lleva las diligencias del ‘caso Emvicesa’ y que le había requerido un informe “acerca de la financiación de las 170 VPO de la parcela de Loma Colmenar”. El oficio ha sido trasladado este martes a las partes.

El dictamen explica que en el epígrafe ‘Características de los edificios con noticias sobre su construcción y estado de conservación’ se especifica que se levantaron dos bloques con 170 casas, 185 plazas de garaje, 170 trasteros y 14 locales comerciales, aunque solo son de titularidad de la Ciudad las viviendas “con sus correspondientes garajes y trasteros”, siendo propiedad de SEPES “el resto de garajes y locales”.

En la reseña sobre ‘Título en virtud del cual se atribuye la finca la entidad o modo como fue adquirida’ figura que el acta de entrega  de fecha 31 de julio de 2012 se enmarcó “dentro del convenio para la construcción de 600 viviendas protegidas para arrendamiento”, tal y como viene argumentando la defensa de las ex consejeras para solicitar el archivo de sus imputaciones.

En noviembre la Fiscalía rechazó la petición de sobreseimiento, asentada en que ese órgano no era competente para decidir sobre la adjudicación ni la Ordenanza de 2006 de la Ciudad la normativa aplicable, rechanzado la comisión de un error tan “burdo” y a partir de las declaraciones de una jurídico de Emvicesa y su ex gerente, Kissy Chandiramani (citada a declarar de nuevo este mes), que según el Ministerio Público declararon que “en la promoción de las170 existían subvenciones de la Administración local como ayuda para el alquiler” por lo que resultaría “de aplicación la Ordenanza”, que en su artículo 2.2 estipula que solo afecta a “las viviendas protegidas que reciban subvención de la Ciudad”.

Desde el pronunciamiento de la Fiscalía, la defensa de las ex consejeras ha aportado, aparte del nuevo informe de la Intervención de la Ciudad, un documento del Estado que certifica su compromiso de financiar en solitario “la urbanización y construcción” de 600 viviendas [hasta ahora se han levantado 487] en Ceuta con una aportación de 48 millones de euros.

Ambos informes vendrían a dejar “fuera de toda duda” tanto que el Estado pagó hasta el último céntimo de las casas (con lo que la Comisión Local carecería de competencia para actuar aplicando el Reglamento de adjudicación de la Ciudad) como la vigencia del Acuerdo Marco de 2007 y la creación de una comisión de seguimiento para los planes de vivienda impulsados en las dos ciudades autónomas.

 

"Darse por enterada"

La defensa de Román y Mohamed lleva meses negando la mayor de la acusación: la Ordenanza no sería de aplicación en este caso porque las viviendas no partían de una financiación local, por lo que nada había que fiscalizar. “La Comisión Local no tenía ningún papel adicional en la instrucción más que el de darse por enterada, tal y como refleja el Orden del Día de la Sesión de febrero de 2013”, refieren informes de parte aportados que concluyen que en esa promoción hubo una “característica peculiar respecto de las anteriores”: la admisión al procedimiento “de forma automática” de los inscritos en el Reglamento de Demandantes “puesto en marcha en Ceuta para la aplicación del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012”.

La diferencia radicaría en que para las viviendas construidas en el marco del Acuerdo Marco suscrito por Ciudad y Estado en 2007 estaban sujetas “a las reglas de adjudicación” previstas en ese texto “y no incluidas en el ámbito de la Ordenanza de 2006”.

“En el caso de las 170”, estima la defensa de las ex consejeras, “la selección de los adjudicatarios se instó al órgano competente según los criterios y procedimientos fijados por la Comisión Técnica de Evaluación del Acuerdo Marco de forma directa entre quienes, estando inscritos en el Registro de Demandantes creado por el Reglamento de Desarrollo del Plan Esttal 2009-2012, estaban admitidos de forma automática al procedimiento”.