Representantes de los cuatro partidos de la oposición en la Asamblea (PSOE, Caballas, MDyC y Ciudadanos) han comparecido este miércoles ante los medios para poner el grito en el cielo por la suspensión acordada a primera hora de la mañana por la mayoría del PP de las actividades de la Comisión de Investigación constituida en otoño para indagar en lo acontecido con las 317 VPO de Loma Colmenar y su 'lista fantasma'.

Finalizado el año pasado, cuando iban a comparecer las consejeras Susana Román y Rabea Mohamed, que la pasada legislatura estaban en la Comisión Local de la Vivienda, estas no lo hicieron a la espera de testificar en sede judicial, trámite al que se sometieron hace dos semanas.

La Comisión ha vuelto a reunirse este miércoles para, a propuesta del PP, según ha detallado a los periodistas el titular de Fomento, Néstor García, "suspender" sus actividades hasta que la magistrada que instruye el caso en sede judicial levante el secreto de sumario que ya ha prorrogado en 3 ocasiones.

Para los Populares "sería imprudente e incluso temerario mantener una investigación y hacer declaraciones simultáneas y paralelas a unas diligencias judiciales declaradas secretas". "No queremos politizar un asunto trascendente que nosotros mismos llevamos al Juzgado con una denuncia", ha ampliado García, que considera que la actitud de su partido es "un ejemplo de prudencia".

Todo lo contrario le parece a la oposición. La portavoz del MDyC, Fatima Hamed, ha repudiado la decisión del PP como un "alarde de oscurantismo", una decisión "dictatorial" y una "falta de respeto a la ciudadanía" en una Comisión convertida en "un paripé con elq ue solo quieren engañarnos y no depurar responsabilidades".

La socialista Nuria Miaja ha hablado también de "falta de respeto" y de "fraude institucional" con la intención de "que la oposición pida la disolución de la Comisión". Javier Varga (C's) también ha dejado patente su "desacuerdo" con el PP, ya que la formación naranja considera que todas las derivadas registradas en relación con esa promoción, pendiente ya solo de entrega, no pueden saldarse con responsabilidades exclusivamente judiciales penales.

Mohamed Haidor, diputado de Caballas, ha opinado que la instrucción judicial "no es incompatible con la actividad de la Comisión de Investigación" y ha recordado que la coalición "siempre ha exigido la máxima transparencia al Ejecutivo local".

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