SOBRESEIMIENTO

Román vuelve a pedir a la juez del 'caso Emvicesa' que archive los "delitos imposibles" que se le imputan

Román vuelve a pedir a la juez del 'caso Emvicesa' que archive los "delitos imposibles" que se le imputan
La ex consejera, en una imagen de archivo.
La ex consejera, en una imagen de archivo.  

La defensa de la ex consejera de Fomento Susana Román ha vuelto a pedir esta semana a la instructora del 'caso Emvicesa' que, a la luz de todas las diligencias practicadas, acuerde el sobreseimiento de los presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental que propiciaron su arresto en febrero del año pasado. Según su escrito, a cuyo contenido ha tenido acceso Ceutaldia.com, está ya más que claro que (casi) nadie en la Comisión Local de la Vivienda conocía que la normativa a aplicar para adjudicar las 170 VPO construidas por el Estado en Loma Colmenar no era la Ordenanza de 2006 sino un Acuerdo Marco con el Estado que dejaba sin competencias a ese órgano, al que solamente se "daba cuenta" de las decisiones adoptadas.

Hasta la Audiencia Provincial ya ha dejado entrever en algún auto que ve "peso" en su argumentario. Ahora, tras escuchar recientemente en sede judicial a la ex gerente de Emvicesa, Kissy Chandiramani, reconocer que se enteró por la prensa de la existencia de ese marco regulador superior, la defensa de Román razona que "ni lo conocía la anterior la nueva gerente, ni lo conocía el anterior gerente, ni lo conocían los miembros de la Comisión Local de la Vivienda, ni lo conocían las dos Jurídicos de Emvicesa". Podría ser hasta que no lo conociese ni la Justicia ni la Policía.

"Llamémosle error burdo como hace el Ministerio Fiscal pero no deja de ser la pura realidad que ha quedado evidenciada con esta testifical", razona la defensa de Román. "O con mayor precisión", matiza, "en el caso de Antonio López y la jurídica de Emvicesa no lo recordaban, puesto que el primero asistió, en 2011 a la reunión de la Comisión Técnica que fijo los criterios de adjudicación tal como se preveía en el acuerdo marco, y la asesora jurídica redactó los modelos de contrato de arrendamiento según el citado acuerdo".

Para la defensa de la ex consejera es "sorprendente" que las técnicos que actuaban en la Comisión Local sigan figurando solo como testigos en las diligencias alegando ignorancia o falta de capacidad para hacer advertencias de legalidad al órgano si se desviaba de los cauces establecidos normativamente. "No puede decir otra cosa porque de lo contrario estaría auto imputándose en las presentes actuaciones, por lo que tiene un marcado y evidente interés en este procedimiento", advierte sobre una trabajadora que incluso ha elaborado a iniciativa propia informes para justificar su posición.

Román considera que se le atribuyen "delitos imposibles" porque "si la Comisión Local de la Vivienda no tenía competencia para adjudicar, difícilmente se podrá producir una resolución a sabiendas de su injusticia". A mayor abundamiento, la sesión de la Comisión en la que se encomienda a Emvicesa la selección de los adjudicatarios y se ordena el procedimiento de adjudicación de las 170 se produjo dos meses y medio antes de su nombramiento como titular de Fomento.

"En la promoción de las 170 viviendas de Loma Colmenar la adjudicación se efectuó de forma directa entre quienes estaban inscritos en el registro de demandantes de vivienda creado por el Reglamento de desarrollo del plan estatal de vivienda 2009-2012, y por tanto estando acreditado el cumplimiento de requisitos y siendo admitidos de forma automática al procedimiento: no fue necesario, por lo tanto, efectuar lista provisional ni subsanación de solicitudes", insiste.

"Román no dictó resolución alguna a sabiendas porque no hubo resolución que dictar y, en el caso que existiese, la jurisprudencia afirma que para que se dé el delito de prevaricación es necesario que la autoridad o funcionario público actúe a sabiendas de la contrariedad a Derecho teniendo plena consciencia de que resuelve al margen del ordenamiento jurídico y que con ello ocasiona un resultado materialmente injusto", rebate la imputación por prevaricación.

Con respecto a la de falsedad documental, subraya que "se limitó a firmar unos contratos los cuales fueron redactados en su integridad por la jurídica y en ningún caso existe prueba alguna a lo largo de la investigación policial e instrucción judicial en la que se ponga de manifiesto que alteró en modo alguno dichos contratos".