Caballas exige que el pago del plus de residencia sea obligatorio para todas las empresas


Caballas exige que el pago del plus de residencia sea obligatorio para todas las empresas

- “Parece lógico pensar, y defender, que lo que es aplicable a los empleados públicos lo sea también a los trabajadores y trabajadoras del sector privado”, defienden

- Piden que se incluya una disposición que lo haga obligatorio en el Estatuto de los Trabajadores

La coalición Caballas instará en el próximo Pleno a la Ciudad que inste al Gobierno de la Nación, a “la inclusión de una disposición en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017, por la que se modifique el Estatuto de los Trabajadores, estableciendo la obligatoriedad de que todas las empresas radicadas en Ceuta abonen a sus trabajadores, como indemnización por residencia, un cantidad no inferior al 25% del salario base”.

El Plus de Residencia que perciben los trabajadores y trabajadoras del sector privado es un elemento del Régimen Económico y Fiscal de Ceuta, que se encuentra en un imparable proceso de devaluación, como consecuencia de su precariedad jurídica. El hecho de estar regulado por una norma pre-constitucional (de 1.975), justifica la prevalencia de los Convenios Colectivos sobre esta norma, sentenciada de manera reiterada por el Tribunal Supremo; lo que trae como consecuencia inmediata que sea cada vez mayor el número de trabajadores y trabajadora que ya no lo perciben.

Caballas considera que esta situación supone una evidente injusticia para los afectados, una inadmisible desigualdad entre los trabajadores del sector público y el sector privado (precisamente los menos favorecidos); pero además supone un inaceptable debilitamiento de nuestro régimen especial, precisamente en el elemento que afecta a los sectores más débiles de la población asalariada.

Los argumentos que justifican la existencia del Plus de Residencia (de carácter indemnizatorio), alegan desde Caballas, siguen plenamente vigentes y están perfectamente recogidos en las disposiciones que regulan la Indemnización por Residencia de los empleados públicos. “Es por ello, que parece lógico pensar, y defender, que lo que es aplicable a los empleados públicos lo sea también a los trabajadores y trabajadoras del sector privado”, argumentan.