Ceuta no siempre es ajena a los movimientos de reivindicación social que surgen en la península. Si esta semana UGT anunciaba que recogería firmas para sumarlas a la Iniciativa Legislativa Popular que pretende forzar que el Congreso de los Diputados legisle para permitir la entrega de la vivienda como método para saldar la deuda con el banco y poner fin así a la ola de desahucios que recorre España desde que estalló la crisis, este lunes será Caballas, el organismo que se hará eco de la iniciativa. Lo hará en el Pleno de la Asamblea, el correspondiente al mes de abril y pedirá que la cámara de representación ceutí sume a los más de 80.000 ciudadanos a los que representa a la iniciativa legislativa popular.

La solución que propone dicha iniciativa pasa por obligar a los bancos mediante la legislación a que la dación en pago sea la “fórmula preferente” para poner fin a los contenciosos que sacuden el país y que enfrentan de un lado a los ciudadanos que no pueden pagar la hipoteca y de otro a las entidades financieras que la concedieron “en el caso de que el bien ejecutado sea la vivienda habitual”. La entrega de la vivienda al banco supondría de salir adelante esta iniciativa la extinción de toda la deuda con la entidad bancaria.

La Iniciativa Legislativa Popular va un poco más allá y quiere con la medida paralizar los alzamientos, pero también propone la conversión de la vivienda adjudicada por la entidad financiera en un alquiler social a favor del ocupante, con unos importes de renta situados en el 30 por ciento de la renta del arrendatario.

“El crecimiento económico español de los últimos años ha ido estrechamente ligado a la construcción de viviendas y al impulso de la propiedad privada como principal régimen de tenencia. Para alcanzar este objetivo, las entidades bancarias, estimuladas por la ausencia de controles públicos, incentivaron la concesión abusiva de créditos hipotecarios”, ha analizado Caballas en el texto con el que presentará su propuesta.

“El estancamiento del modelo de crecimiento económico, el estallido de la burbuja inmobiliaria y la posterior crisis financiera y económica han dejado en España unas altísimas tasas de desempleo. La disminución de ingresos hace que muchos hogares que no puedan afrontar el pago de la hipoteca”, ha continuado la coalición.

Caballas al igual que los promotores de la Iniciativa Legislativa Popular cree que “el presunto equilibrio entre entidades financieras y familias ha desaparecido. La igualdad se ha convertido en desequilibrio. Por este motivo las personas con hipotecas objetivamente inasumibles necesitan el establecimiento de mecanismos de ayuda, protección y resolución a fin de garantizar una cobertura suficiente de sus necesidades básicas y de sus derechos constitucionalmente reconocidos”.