El portavoz del Ejecutivo lleva dos viernes seguidos pidiendo disculpas a la ciudadanía y a los trabajadores de la Ciudad Autónoma por las molestias que les causará el “puzzle” de traslados que tienen su origen como en una fila de piezas de dominó que caen en la salida de la GIUCE y de Emvicesa de las últimas plazas del edificio de Correos en la plaza de España. No le ha servido para evitar el malestar de los trabajadores. La sección sindical de Comisiones Obreras en el Ayuntamiento remitió el lunes un comunicado a los medios en el que cargaba duramente contra la decisión adoptada de trasladar hasta 8 servicios.

Así, la Federación de Servicios a la Ciudadanía del sindicato manifestó “su rotundo rechazo a los cambios de ubicación de distintos servicios que está efectuando la Ciudad Autónoma”.

Y si el Ejecutivo se ha esforzado en poner el acento en el ahorro que se logrará con la salida de GIUCE y Emvicesa del edificio de Correos, entidad a la que adeudan más de 200.000 euros en concepto de alquiler por el poco más de un año que llevan esas oficinas ahí, el sindicato tira por tierra el argumento y “considera que se está produciendo un derroche económico innecesario al cambiar de ubicación servicios que ya habían sido acondicionados recientemente para su funcionamiento”.

El sindicato “duda que el ahorro que el Gobierno de la Ciudad ha publicado sea el real”. La central sindical basa sus dudas en “que no se ha tenido en cuenta el coste de acondicionamiento de los nuevos servicios”. Un dato que el propio portavoz del Ejecutivo aseguró desconocer con exactitud el pasado viernes, comprometió su palabra a que sería menor que el coste de los alquileres que se van a dejar de pagar, garantizando así el concepto ahorro, que acompaña a la operación.

Más allá de lo económico, Comisiones Obreras mostró su preocupación por otro hecho que también le desagrada. Según el sindicato se está produciendo un “incumplimiento de la legislación laboral, al no tener en cuenta a la representación de los trabajadores en cuanto a la información sobre informes del servicio de prevención de riesgos laborales, como regula la legislación vigente en cuanto a materia laboral, para dichas modificaciones”, aseguró el sindicato.

Y a esas dos críticas: la falta de ahorro y el incumplimiento en el apartado de prevención de riesgos laborales, el sindicato suma una tercera. La repercusión negativa “en la atención al ciudadano así como problemas para los trabajadores, resultando más que una organización de los servicios, una desorganización de los mismos”.

Para solucionar estos problemas y hacer que vuelva la paz a los servicios, el sindicato pide al Ejecutivo que consulte “la opinión de los jefes de servicios afectados por los cambios efectuados y un informe de Prevención de Riesgos Laborales, tal y como obliga la legislación vigente”, deja caer el sindicato, deslizando de forma sutil la posibilidad de poner el asunto en manos de la autoridad laboral si el Ejecutivo continúa adelante con su plan sin tener en cuenta la voz del sindicato.