El secretario general de CCOO de Ceuta, Juan Luis Aróstegui, ha pedido este jueves por escrito a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que incluya en el Real Decreto del Salario Mínimo Interprofesional para 2020, que lo subirá a 950 euros mensuales, la obligación para los empleadores de pagarlo en la ciudad con el añadido de un 25% de Plus de Residencia, como se hacía hasta 1994. El año pasado, la Delegación acordó con los empresarios locales mantenerlo "diluido", pero este invierno hasta el secretario general del PSOE de Ceuta, Manuel Hernández, se ha mostrado partidario de corregir ese acuerdo.

El Proyecto de Real Decreto por el que se fija el Salario Mínimo Interprofesional para 2020 sometido a audiencia pública "recoge de manera exhaustiva el sistema de 'compensación y absorción' que debe aplicarse para que se cumpla escrupulosamente el espíritu de la norma y queden plenamente garantizados los derechos de los trabajadores y trabajadoras afectados, pero omite toda referencia a la situación singular de Ceuta y Melilla".

Según remarca Aróstegui en su alegación, "ambas ciudades gozan de un Régimen Económico y Fiscal Especial, atendiendo a una serie de circunstancias estructurales que han sido y son aceptadas sin controversia alguna tanto en el ámbito político como jurídico y administrativo".

Uno de los elementos del REF es el Plus de Residencia, establecido por la Orden Ministerial de 20 de Marzo de 1975, por la que los salarios de los trabajadores por cuenta ajena que presten sus servicios en Ceuta y Melilla "verán incrementados sus salarios en un 25%". Para el líder de CCOO "el hecho de que esta norma (en vigor) sea pre-constitucional ha arrojado una serie de conflictos jurídicos sobre su aplicación que han redundado, como suele suceder, en perjuicio de los trabajadores y trabajadoras".

"La omisión de esta situación (más que justa y justificada) en el Real Decreto sometido a información pública conlleva como consecuencia que ese 25% pueda ser “absorbido” por el SMI, de modo que los trabajadores de Ceuta y Melilla tengan “de hecho” un salario mínimo de 760 euros (incrementado en el 25% alcanzaría los 950 y estaría dentro de la norma tal y como está)", incurriendo a su juicio en "una discriminación sin fundamento alguno que perjudica al colectivo más vulnerable de una ciudad que está siendo azotada por un paro creciente y que encabeza todas las clasificaciones negativas en materia de empleo".