INFORME

Ceuta y Melilla, las que menos inversión del Estado recibieron en forma de convenio

Ceuta y Melilla, las que menos inversión del Estado recibieron en forma de convenio
Reparto de convenios estatales por CCAA
Reparto de convenios estatales por CCAA  

Las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía suscribieron con la Administración General del Estado en 2018 una media de 32 convenios y acuerdos, según un informe hecho público por el Gobierno central.

Al igual que años anteriores, destaca el número de convenios suscritos por la Comunidad de Madrid, con casi el 17,9% del total (108) y Andalucía, con el 9,6% (58). En el extremo opuesto figuran la ciudad autónoma de Ceuta (18) y País Vasco (14), y la Comunidad Foral de Navarra (19), ambas con hacienda propia. Descontando a ambas, que recibieron 0,5 y 0,8 millones de euros respectivamente, Ceuta fue la segunda tras Melilla que menos inversión estatal recibió (24 millones de euros en el caso de Ceuta) y la que menos puso de su parte (6 millones). En el extremo opuesto, las más beneficiadas, destaca Canarias con más de 1.300 millones de euros en convenios.

Si se pone en relación esta aportación autonómica con el total financiero suscrito en convenios con cada Comunidad, se observa que, pese a lo anterior, Navarra aporta más de la mitad de la financiación total a sus convenios, el 60,00%; Extremadura, el 47,91%, y las Illes Balears, el 38,46%. En el otro extremo se encuentran Canarias, que aporta menos del 2,00% de la cantidad prevista en convenios suscritos con el Estado; el País Vasco, el 14,95%; y Ceuta, casi el 20%. Tras Canarias figuran las Comunidades de Andalucía, Cataluña y Cantabria. La Rioja, Ceuta, Melilla, Navarra y el País Vasco apenas suscribieron convenios con obligaciones económicas, cada una de ellas con menos de un 1% del total

Educación, seguridad, vivienda, trabajo y hacienda fueron las áreas más beneficiadas.” La especial relación de las Ciudades de Ceuta y Melilla en materia educativa con el Estado se refleja en el número de convenios sobre este tema suscritos con la AGE, en especial para atender las interrelaciones de las políticas sociales de ambas Ciudades en el sistema educativo”, destaca en su informe el Gobierno central.

En el caso de Ceuta, de los 18 convenios firmados corresponden al Ministerio de Ciencia e Innovación, destinado a la investigación y cooperación en el ámbito de la calidad del aire y salud; el Ministerio de Cultura y Deporte para las ayudas para desplazamientos a la península de deportistas profesionales y no profesionales para competiciones estatales; con el Ministerio de Educación, para la implantación de escuelas infantiles de primer ciclo, programas de compensación educativa para desfavorecidos.

Fomento acordó  la financiación de la rehabilitación de antigua estación ferrocarril Ceuta - Tetuán para biblioteca pública, el Plan Estatal de vivienda 2018-2021 y el desarrollo de viviendas protegidas en la parcela D2 de la Actuación “Loma de Colmenar".

Hacienda por su parte firmó la adhesión al Sistema de Control de Fondos Comunitarios del periodo 2014-2020 e Interior la implementación de sistemas SAFE CITY y la financiación actuaciones soportadas por la Ciudad de Ceuta en la zona fronteriza del Tarajal.

Justicia firmó el convenio para el funcionamiento del Plan de Empleo 2018 en los órganos judiciales de Ceuta y  la asistencia Jurídica y Sanidad, los Programas financiados con bienes decomisados por tráfico drogas.

El Gobierno, con la suscripción de estos convenios, explica en su informe, ha canalizado uno de los objetivos que se fijó en la agenda territorial desde su toma de posesión en junio de 2018, como es impulsar el uso y desarrollo de instrumentos que garanticen que las actividades que desarrollan el Estado y las comunidades autónomas sean coherentes y complementarias.

Aunque todos los ministerios participan de este modo de actuación, el 20% del total de convenios firmados corresponden a dos departamentos, que han desplegado una actividad de cooperación más intensa: Agricultura, Pesca y Alimentación (10,96%) y Fomento (9.97%). Otro 25% corresponde a otros tres departamentos: Ciencia, Innovación y Universidades (8,97%), Trabajo, Migraciones y Seguridad Social (8,64%) y Cultura y Deporte (8,14%). En resumen, la actividad más intensa de colaboración se corresponde con materias en las que coinciden competencias del Estado y autonómicas.

El contenido de los convenios de cooperación es muy variado y heterogéneo, ya que buscan dar respuestas a situaciones diversas y no siembre coincidentes, aunque para su mejor análisis se ordenan en tres grupos que atienden otras tantas finalidades.

En un primer caso, el Estado y las comunidades autónomas firman convenios para articular el ejercicio de sus competencias cuando ambas partes tienen responsabilidad sobre la materia que se analiza. Es el caso de los convenios firmados para el soterramiento o integración de redes ferroviarias de ADIF en el desarrollo urbano de las ciudades, como se ha llevado a cabo en 2018 en Vigo o Valladolid para impulsar la mejora urbana de estas ciudades y mejorar su movilidad interna y el mayor uso de sus espacios públicos.

En un segundo supuesto, el Estado suscribe convenios para promover e impulsar el desarrollo de actuaciones que corresponden a las comunidades autónomas pero que el Gobierno tiene interés de impulsar, lo que frecuentemente realiza mediante aportaciones presupuestarias especiales. El Plan Estatal de Vivienda es el mejor ejemplo impulsado durante 2018 con todas las comunidades autónomas en situación de igualdad y con especial atención a la equidad en el trato a todas las comunidades autónomas.

Otros ejemplos de estos convenios son los firmados para la realización de actuaciones en materia de desarrollo rural sostenible, los dirigidos a la financiación de programas en niveles obligatorios de la enseñanza, los relativos al desarrollo de programas de incentivos de la actividad investigadora; los referidos al programa de farmacovigilancia; los relativos a la participación autonómica en los beneficios derivados de los bienes decomisados por el tráfico de drogas; o aquellos que financian programas dirigidos a colectivos específicos, como desempleados, mujeres en situación de vulnerabilidad social, o inmigrantes.

Además, en determinados casos, el Estado presta su apoyo financiero para atender situaciones y necesidades especiales, como las que existen en Canarias, donde el alejamiento geográfico y la insularidad requieren de un esfuerzo adicional del Gobierno en carreteras, obras hidráulicas o mejora de la calidad turística.

En un tercer caso, el Estado y las comunidades autónomas alcanzan acuerdos que suponen que los medios dependientes de una administración se ponen al servicio de otra administración diferente que requiere de este tipo de colaboración al no disponer de medios propios para atender por sí solo las demandas y necesidades ciudadanas. Son instrumentos de cooperación que aseguran el auxilio mutuo entre las diferentes administraciones públicas. Es el caso de los convenios de cesión del uso de programas informáticos entre administraciones, para la implantación de servicios digitales en el ámbito de la educación o la justicia, o los relativos al sistema cartográfico nacional.ConveNIOS CON EL eSTADO