La desaparición de la Unidad de Programas y Desarrollo (UPD) de la Delegación del Gobierno y el encargo por parte de esta institución, vía encomienda de gestión, a la Ciudad Autónoma para que lleve sus programas ha dado pie a una situación que la Inspección de Trabajo no ve del todo clara. "La Ciudad debe realizar la encomienda esencialmente con medios propios pero un traslado completo de dicha obligación a un tercero, aunque sea una empresa municipal con 100% de capital municipal, podría conllevar un riesgo de fraude de Ley y de cesión de mano de obra", alerta.

El órgano de control laboral del Ministerio de Empleo considera que "lo idóneo es que los recursos humanos" empleados a tal efecto "sean personal funcionario o, en su caso, laboral de la Ciudad Autónoma y, en concreto, de la Consejería corrspondiente en materia de empleo [la de Presidencia y Gobernación]". "Esta sería la situación natural y lógica", opina la Inspección, pero no siempre la lógica es la pauta de actuación.

Es por ello que la Inspección requiere "formalmente", y no por primera vez ("ya se ha trasladado verbalmente", recuerda), al Ejecutivo local a que los Agentes de Empleo y Desarrollo Local (AEDL) "cesen en su caso estas prestaciones". "El uso de tales contratados, que, por otra parte, están bajo fiscalización del SEPE (antiguo INEM) como personal administrativo o de control en la encomienda de gestión es indebido y conlleva fraude de Ley", advierte.

Con el Área de Empleo "desmantelada", según fuentes de la Asamblea, tras las reestructuraciones del Gobierno que propiciaron la desaparición de la Viceconsejería que al inicio de la legislatura se creó para este ámbito, la Inspección advierte de que traspasar este trabajo a Procesa no es una opción viable: "Las posibilidades de uso de personal de esta empresa municipal deben ser limitadas a cuestiones formales de apoyo y colaboración, sin que pueda conllevar una traslación en bloque o sustancial de dicha encomienda y respetándose lo establecido en los Convenios Colectivos", reseña.

La Inspección también contempla la posibilidad de que incorporar personal para este cometido, aunque alerta de que en cualquier caso debería ser "objetiva bajo principios de igualdad, mérito y capacidad" y con un objeto del contrato "claro y preciso en cuanto a que son contrataciones que se realizan para la gestión, tramitación o control de las obligaciones que la Ciudad asume en la encomienda". No obstante, recuerda que "el hecho de que haya una subvención temporal no es causa suficiente para justificar una temporalidad contractual".

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