Modificación de créditos

La Ciudad se queda sin presupuesto para pagar la desalación de agua y el alumbrado público hasta fin de año

El gasto medio mensual en alumbrado público roza los 300.000 euros.

El Gobierno de Ceuta ha cerrado el tercer trimestre del año sin presupuesto suficiente para pagar la desalación de agua y el alumbrado público hasta final de año con las cantidades consignadas inicialmente en sus cuentas públicas a tal efecto. De los tres millones reservados para sufragar la factura de la luz de todos solamente quedan 385.000 euros y de los 5,9 destinados a pagar a la gestora de la desaladora únicamente 255.000.

Esto quiere decir que entre enero y septiembre la factura mensual del alumbrado público ha ascendido a casi 290.000 euros, con lo que solo quedaría para pagar otro mes, mientras que la de la desalinizadora se ha elevado a más de 622.000 euros.

En el caso del alumbrado, el ex consejero de Medio Ambiente, Emilio Carreira, se comprometió en marzo en el Pleno a promover la licitación del abastecimiento de energía eléctrica, históricamente contratado con la Empresa de Alumbrado sin más pese a que recurriendo a la libre competencia se puede ahorrar hasta un 20% según demuestran ejemplos como el de la propia Cadagua, que lleva la desaladora. Nada se ha sabido al respecto medio año después.

Sobre la desalación de agua la consejera de Hacienda, Kissy Chandiramani, asegura que el desajuste presupuestario viene motivado "fundamentalmente" por la sequía de este año. La miembro del Ejecutivo local espera llevar antes de final de mes al Pleno para su aprobación definitiva un expediente de modificación de créditos que contempla inyectar 1,8 millones más para la desaladora y 329.000 extra para pagar el alumbrado público.

Con el agua existe un posible problema añadido, el límite de gasto establecido en el contrato con la empresa explotadora que los técnicos están "estudiando" para ver si es tan inflexible como parece. El Consejo de Gobierno acordó en mayo de 2020 adjudicar a Ferrovial-Agroman-Cadagua la explotación de la desaladora, contrato que fue modificado en 2003 y posteriormente en 2012, cuando se fijó una nueva fórmula de cálculo para el abono del precio del contrato.

Se eliminó "la obligatoriedad de suministrar un determinado volumen de agua" y se dejó a la Administración "la potestad de efectuar arranques y paradas de acuerdo con las necesidades”. El acuerdo fijó una tarifa fija de 167.042 euros al mes de 2013 y un máximo variable de 7,8 millones de metros cúbicos a 0,76 céntimos (actualizados cada año) por unidad.