Los puestos que ocupan los trabajadores contratados como Colaboración Social destinados al Negociado de Estadística habían sido señalados por los sindicatos UGT y CSIF por un posible delito de usurpación de funciones de funcionarios y por vulnerar la Ley de Protección de Datos al manejar información sensible en áreas como el Registro o el propio Negociado de Estadística.
Por su parte, al conocer la noticia, explican fuentes sindicales, los trabajadores han solicitado que, a partir de ahora, sus funciones le sean comunicadas por escrito para evitar incurrir en un exceso de competencias. Las secciones sindicales en el Ayuntamiento de UGT y CSIF han trasladadola situación a la Fiscalía ante un posible delito de “usurpación de funciones públicas y el incumplimiento de la Ley de Protección de Datos” al destinar a personal de colaboración social y de los planes de empleo “a áreas y servicios donde está prohibido que desarrollen trabajo alguno”. Desde Comisiones Obreras, que se ha desmarcado d ela denuncia, lamentan las formas de UGT y CSIF y rechazan que se culpabilice a los trabajadores y se les acuse de un delito cuando el culpable, recuerdan, es quien les destina a esos puestos.
El consejero de Presidencia, Gobernación y Empleo y portavoz del Ejecutivo, Jacob Hachuel, negó tajantemente el pasado viernes que los trabajadores del Plan de Empleo o Colaboración Social manejasen información sensible que pudiera vulnerar la Ley de Protección de Datos y, en todo caso, lo achacó a un posible exceso de celo de los propios trabajadores.