DENUNCIA DE UGT

La Ciudad tendrá que recalcular el salario del último plan de empleo y pagar la diferencia

La Ciudad tendrá que recalcular el salario del último plan de empleo y pagar la diferencia
Brigadas del plan de empleo trabajan en la limpieza del Hacho
Brigadas del plan de empleo trabajan en la limpieza del Hacho  

UGT Ceuta denunció el pasado mes de mayo a la Ciudad por “engañar” a los cerca de 1300 trabajadores del Plan de Empleo, “infraretribuyéndolos e incumpliendo el Convenio Colectivo de aplicación” al calcular su nómina ajustándola a la jornada de 40 horas y no de 35 como el resto de empleados públicos.

Hoy, el Juzgado de lo Social número 1 de Ceuta ha dado la razón a UGT y la Ciudad deberá recalcular el salario del último plan de empleo ajustándose a la jornada de 35 horas y no de 40 horas y abonar la diferencia  a los cerca de 1.300 trabajadores afectados. La cantidad total, según fuentes sindicales, ronda los dos millones de euros.

La cantidad total, según fuentes sindicales, ronda los dos millones de euros.

El fallo, al que ha tenido acceso Ceuta al Día, considera el derecho de los trabajadores del Plan de Empleo 2018-2019 a que se le calculasen su salario sobre 35 horas semanales y por tanto el derecho a percibir las diferencias salariales correspondientes según su contrato. Así, los trabajadores con jornada parcial de 30 horas semanales del módulo C, grupos 1 al 4 percibirán 1.708,22 euros; los del módulo B, grupos 5 al 9, 1.135,82 euros; los pertenecientes al módulo A, grupos 10 al 11; 1.038,78 euros. Por otro lado, los trabajadores con jornada parcial de 25 horas semanales pertenecientes al módulo C, grupos 1 al 4 percibirán 1.423,55 euros; los del módulo B, grupos 5 al 9; 946,40 euros y el m Módulo A, grupos 10 al11; 869,41 euros.

La Ciudad, explica la sentencia en su exposición de motivos, partió de la jornada establecida en el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores, esto es 40 horas semanales para calcular los salarios de todos los trabajadores al haber celebrado todos ellos contratos a tiempo parcial de 30 ó 25 horas semanales. “Si tomamos como punto de partida las 40 horas semanales como jornada ordinaria, tras realizar las diversas operaciones aritméticas que deben llevarse a cabo, el salario de estos trabajadores sería inferior frente al salario resultante de tomar como jornada ordinaria las 35 horas semanales indicadas en el Convenio Colectivo para los funcionarios y el personal laboral de Ceuta”, explica el fallo, subrayando además el trato diferencial con el resto de la plantilla de la Ciudad, para la que trabajaban.

UGT calificó en su día esta decisión de “treta insidiosa" con la que, aseguraba el sindicato en su denuncia y ahora el Juzgado de lo Social así lo cree también, el Gobierno de Vivas “perjudica conscientemente a los cerca de 1300 trabajadores. Una “treta” que, explica ahora la sentencia, se amparó “en una formula absolutamente ambigua e imprecisa al indicar en su artículo 8 “que la jornada ordinaria será la general de los trabajadores”. Sin concretar si esta jornada es la especificada en el artículo 34 del ET o bien la jornada expresamente contenida para todos los trabajadores laborales de la Ciudad Autónoma de Ceuta en el Convenio Colectivo para el personal laboral de Ceuta.

“No concurre circunstancia alguna que justifique un tratamiento desigual de estos trabajadores respecto al resto de los empleados públicos que desarrollan servicios de la misma naturaleza”.

“Nos encontramos por tanto con una redacción deficiente, no actualizada del Convenio de aplicación que establece en relación a la jornada laboral unas condiciones menos favorables que el Convenio que regula la relación laboral de todos los empleados de la Ciudad Autónoma. Por lo que no llegamos entender la causa por la que se excluye a estos trabajadores de la aplicación del Convenio Colectivo vigente para la totalidad de los empleados público, cuando también ellos son personal laboral de la Ciudad Autónoma de Ceuta”, lamenta la sentencia, que insiste: “No concurre circunstancia alguna que justifique un tratamiento desigual de estos trabajadores respecto al resto de los empleados públicos que desarrollan servicios de la misma naturaleza”.