La Delegación del Gobierno en la Ciudad Autónoma de Ceuta, ante los casos hechos públicos por algunos empresarios de la ciudad sobre la actuación de determinadas entidades financieras en relación con la actividad de sus empresas, manifiesta que dichas actuaciones "no responden a ningún tipo de instrucción de las instituciones responsables". Asimismo, destaca que esta supuesta modificación en la operativa de las entidades financieras no afecta al conjunto de empresarios de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

La Delegación del Gobierno en un comunicado acerca de "la situación de algunos empresarios y su relación con las entidades bancarias" recuerda que la legislación española establece que son las propias entidades financieras los sujetos obligados en hacer un seguimiento de la actividad económica de sus clientes, máxime, subraya, cuando además se trate de operaciones de mayor riesgo, deben aplicar las medidas que consideren necesarias para el cumplimiento de la Ley.

Así y todo, desde la Delegación del Gobierno se muestran "convencidos" de que tanto entidades financieras como empresarios "colaborarán y trabajarán de forma conjunta para velar por el correcto cumplimiento de la normativa vigente, sin que esto afecte a las relaciones comerciales y al desarrollo económico de la ciudad".

La Ley 10/2010, de 28 de abril, establece que las entidades de crédito están obligadas a hacer un seguimiento continuo de la relación de negocios con respecto a sus clientes, apunta Delegación de Gobierno en un comunicado, explicando que "por ello cada entidad, en cumplimiento de la Ley, establece y determina las medidas de seguimiento y de actualización de datos que debe realizar conforme a la normativa vigente, otorgándoles la facultad necesaria para dejar de establecer relaciones de negocio cuando éstas no puedan aplicar las medidas de diligencia debida previstas en la norma".