El Estado ha perdido 23.000 empleos públicos en cinco años, 200 en Ceuta


El Estado ha perdido 23.000 empleos públicos en cinco años, 200 en Ceuta

- La FSC de Comisiones Obreras alerta de la privatización de los servicios públicos

- Denuncian que seis de cada diez plazas se otorgaron por métodos extraordinarios y sólo el 3º por ciento salieron a concurso

- El 70 por ciento de la Oferta Pública de Empleo fue para funcionarios de alto rango, los que menos han sufrido los recortes de plantilla

En apenas cinco años, la Administración General del Estado (AGE) ha perdido más de 23.000 empleos públicos, lo que supone un recorte del diez por ciento respecto al volumen de personal de que disponía la AGE en 2011.200 de esos empleos destruidos se registraron en Ceuta, un 14 por ciento de descenso respecto a cinco años atrás. Es la principal conclusión del informe de Comisiones Obreras sobre el impacto de los recortes en la Administración, un informe objetivo, subrayan, basado en datos oficiales del Registro General de la Administración y del Tribunal de Cuentas. “Es un informe objetivo, no una opinión”, ha insistido el Secretario General del Sector de la Administración General del Estado de CC.OO., José Manuel Vera Carrasco.

El Ministerio de Defensa, señala el informe de CC.OO., es el más afectado por el recorte del personal laboral. Un recorte con el que, explica Vera, no supone un ahorro, “todo lo contrario”. Baste el ejemplo de Defensa, que ha perdido el 20 por ciento de su plantilla en este lustro y gasta 300 millones en su personal y 200 más con la externalización de los servicios.

Pero no sólo es un problema la tendencia a la “privatización” del sector público sino también la precariedad, que en áreas como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) donde el 82 por ciento es personal temporal, contratado por obra y servicio. Una situación de los Servicios Públicos que no sólo no supone un ahorro sino que afecta también a áreas sensibles, alerta el responsable del Sector de la Administración General del Estado de CC.OO., con empresas privadas con acceso a datos como la vida laboral o la declaración de la renta.

Una precarización que sólo afecta a las bases del sector público, no a los funcionarios de alto rango. El 70 por ciento de la Oferta Pública de Empleo afectaba a plazas de clase A1 y A2, los de más alto nivel. Funcionarios cuya retribuciones están a salvo de la crisis y a los que, además de su sueldo, que puede superar los 4.000 euros, el Estado abona retribuciones por productividad que en ocasiones están por encima de los 5.000 euros. Retribuciones que, denuncian desde Comisiones Obreras, son opacas. Unas plazas que, por si fuera poco, se deciden cada vez más de modo discrecional. Seis de cada diez puestos de alto rango no salieron a concurso público y se decidieron por métodos extraordinarios y sólo 30 por ciento fue por oposición.

Por todo ello, desde Comisiones Obreras piden a los partidos políticos que “hagan del empleo público un objetivo político”.

El Estado ha perdido 23.000 empleos públicos en cinco años, 200 en Ceuta


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