El Gobierno busca vías legales para atajar el fraude fiscal y el blanqueo en el Tarajal

Poligonos del Tarajal

La frontera del Tarajal vive una doble y preocupante paradoja. Por un lado se ha convertido en un embudo, una trampa para las personas y vehículos que quieren atravesarla y acaban atrapados en un atasco interminable y caótico; mientras, por otro lado, se está revelando como un verdadero agujero, el hábitat perfecto para el fraude fiscal y muy probablemente de blanqueo de capitales, un problema silencioso que no ha dejado de crecer y al que el Gobierno trata ahora de poner coto a golpe de leyes y ordenanzas que entorpezcan las actividades fraudulentas.

El primer paso lo dio este pasado viernes la consejera de Hacienda, Kissy Chandiramani, al incluir en el orden del día del próximo Pleno de la Asamblea la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del IPSI con el objetivo de "intensificar la lucha contra el fraude detectado en la infravaloración de las mercancías". Cambios en las ordenanzas en los que se incorporará la nomenclatura combinada aduanera para la clasificación de los bienes importados y se regulará el procedimiento de gestión tributaria de comprobación de valores de la mercancía al objeto de luchar contra el fraude en las declaraciones tributarias del IPSI. 

Cambios en las ordenanzas a los que habrá de sumarse un cambio de mayor calado: la revisión de la Ley del IPSI, que requiere el visto bueno del Ministerio de Hacienda y del Congreso de los Diputados. Una labor en la que viene trabajando el diputado por Ceuta, Juan Bravo (PP), especialista en la materia con una larga experiencia en la Agencias Tributaria  y con la que empezó coincidiendo con la visita a Ceuta del director general de Tributos del Ministerio de Hacienda y Función Pública, Alberto García Valera. Una reunión en la que fue protagonista el fraude galopante en las naves del Tarajal y en la que ya se puso sobre la mesa un nuevo modelo de control de las mercancías que cruzan el paso fronterizo hacia Marruecos aprovechando el porteo.

El objetivo, explica Bravo a Ceuta al Día, pasa por “grabar especialmente aquellos productos que generan después un coste especial”, lo que, en la práctica pasa por modificar la ley reguladora del IPSI de forma que posibilite fijar bases imponibles de los bienes que se determinen en función del peso de lo importado. Es decir, explica el diputado, asignar un valor a la mercancía y no solo en base a su peso para evitar el fraude, especialmente en sectores como la ropa usada, que se grava a 0,90 céntimos el kilo, una de las actividades preferidas por lo que los empresarios del Tarajal denominan los ‘Señores del bulto’.

Vía legislativa congelada

Pero todo ello requiere del consenso del Gobierno y de su aprobación en el Congreso de los Diputados, lo que a su vez requiere buscar “de dónde colgarla”, explica el diputado en jerga parlamentaria, esto es, buscar una Ley en la que encajarla. “El objetivo es incluirla en la Ley General de Presupuestos para 2018, pero de momento esa vía está congelada”. La ausencia de mayorías y la tensión política en Cataluña concentra toda la atención política. “La situación legislativa es compleja, antes se aprobaban 5 ó 6 leyes al mes, pero ahora…”, alega Bravo, que así y todo, tiene prevista esta próxima semana una nueva reunión con del director general de Tributos del Ministerio de Hacienda y Función Pública, Alberto García Valera, para buscar caminos para reactivar una iniciativa que cuanta ya con la predisposición del Ministerio.

Fraude fiscal… y blanqueo de capital

Pero la frontera entre Ceuta y Marruecos no solo es un foco de fraude fiscal, especialmente entre quienes se dedican al negocio del porteo. Fuentes fiscales explican que algunos de esos empresarios que pasan “ropa usada” a 90 céntimos el kilo, “facturan millones al año”; otros mueven grandes volúmenes de mercancía con un solo proveedor que envía la mercancía desde países lejanos. Grandes volúmenes de mercancía en el caso de la ropa usada a muy bajo precio, “mucho más fácil para blanquear pero también mucho más difícil de detectar”.

Un volumen de negocio, muchas veces opaco, operado por ciudadanos marroquíes a través den testaferros, como denuncian habitualmente los empresarios del Tarajal, que podrían estar ocultando no solo blanqueo de capitales de actividades delictivas sino encubriendo pagos y transacciones del narcotráfico.

Un panorama tan complejo como preocupante en el que, reflexiona Bravo, sería necesario además de modificaciones legislativas, un notable refuerzo en la plantilla se inspectores y subinspectores de Hacienda y una unidad de la Policía especializada en delitos fiscales.