Martínez, UGT y CCOO alcanzan un principio de acuerdo para no judicializar las rebajas salariales

Martínez, UGT y CCOO alcanzan un principio de acuerdo para no judicializar las rebajas salariales
Martínez, en una imagen de archivo.
Martínez, en una imagen de archivo.  

- El consejero, Pérez y Postigo han pactado este miércoles retomar de inmediato las conversaciones para rubricar un Convenio único para el sector público empresarial local

- Las estructuras de los dos sindicatos mayoritarios trasladarán el contenido de la entrevista este jueves a sus delegados


El consejero competente en materia de Recursos Humanos en la Ciudad Autónoma, Guillermo Martínez, y los responsables de las federaciones de Servicios a la Ciudadanía de CCOO y de Servicios Públicos de UGT en Ceuta, Emilio Postigo y Juan Carlos Pérez, respectivamente, han alcanzado un "principio de acuerdo" en el encuentro que han mantenido este miércoles por la tarde para no llevar a los Tribunales las rebajas salariales que la Administración local aplicará en los sueldos de su sector público empresarial por entre un 3% y un 6% a finales de mes.

Según ha explicado en declaraciones a Ceutaldia.com el también portavoz del Ejecutivo local, aunque los representantes de las dos centrales mayoritarias han insistido al Gobierno en su disconformidad con la medida anunciada "finalmente han entendido que la insuficiencia presupuestaria derivada de la situación económica que atraviesa la ciudad y el país es la razón que ha obligado a adoptarla".

"A la espera de que los representantes traten el resultado de la cita con sus delegados en las distintas sociedades municipales", algo que previsiblemente harán este jueves, Martínez se ha congratulado por un "principio de acuerdo" que también contempla que se retomen de forma "inmediata" las negociaciones "para rubricar un Convenio Único para todas las empresas públicas en base a los principios de estabilidad, movilidad y maximización de los recursos disponibles".

Postigo y Pérez comparecieron ante los medios el lunes para advertir de que, en cuanto se aplicasen los recortes a todos los empleados que perciben más de 15.000 euros brutos al año, recurrirían la medida ante los Juzgados al entender que no se había puesto la mesa ningún argumento para justificarla más allá de que "la cosa está muy malita" y de que es "injusto" que se rebajasen en 2010 las retribuciones del resto de funcionarios y no las de este colectivo.