La presidenta de la Asociación de Empresarios de Textil y Calzado Reciclado, Samra Cherkaoui, ha alertado este jueves de que la aplicación de la nueva 'Tasa por la prestación del servicio de racionalización, ordenación, control del transporte continuado de determinadas mercancías y gestión de ciertos plásticos' llevaría "al cierre" por asfixia a las quince empresas a las que representa, el 60% de las dedicadas al mismo negocio en los polígonos.

La Consejería de Hacienda quiere gravar con 15 céntimos cada kilogramo de “prendas y complementos de vestir y sus partes, mantas, ropa de cama, mesa, tocador o cocina, artículos de tapicerías, calzado, sombreros y demás tocados, que cumplan alguna de las condiciones siguientes: tener señales apreciables de uso o presentarse a granel, balas, sacos, bolsas, fardos o acondicionamientos similares”.

El planteamiento, sin más distinción, "arruinaría" a quienes se dedican a la ropa de segunda mano. Según Cherkaoui, esos 15 céntimos por kilogramo suponen 3.000 euros en un contenedor al uso, de 20.000 kilogramos, "más del beneficio que nosotros obtenemos con él". Así las cosas, si hay que bajar las persinas "se perderían al menos 200 empleos".

"El negocio de la ropa usada no tiene nada que ver con quienes negocian con productos nuevos y de alto precio", ha advertido la portavoz de los empresarios, que ha remarcado que todos los agrupados en la asociación "tienen todos sus papeles en regla, son residentes en la ciudad y pagan sus impuestos".

Cherkaoui se ha mostrado "plenamente dispuesta" a "dialogar" con un Gobierno, el de Vivas, "que nunca se ha preocupado por contactar con nosotros para conocer cuál es nuestra situación y nuestros problemas" y ha advertido que los afectados "estamos dispuestos a recurrir a la vía judicial para evitar que se nos imponga un nuevo tributo, exclusivamente sobre la prendería aunque todos los negocios del Tarajal tienen los mismos servicios en los polígonos".

La empresaria ha pedido a la oposición "que tenga en cuenta todas las vertientes de la tasa que se pretende imponer". De entrada ha asegurado que cuenta con el respaldo de Caballas. "La Ciudad puede y debe investigar las consignas, perseguir a quien incumpla las normas, inspeccionar las mercancías, aplicar el IPSI y gestionar adecuadamente las tasas pero no meternos a todos en el mismo saco de lo negativo", ha subrayado.

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