Los vigilantes de los centros deportivos y culturales de Defensa acumulan casi tres meses sin cobrar


Los vigilantes de los centros deportivos y culturales de Defensa acumulan casi tres meses sin cobrar

- CCOO denuncia la situación de los empleados de PROMAN que trabajan en la Hípica o el Casino Militar, entre otros

- La empresa es adjudicataria de un contrato nacional de 900 millones de euros para dos ejercicios

Comisiones Obreras denuncia la situación que están atravesando los trabajadores y trabajadoras de la empresa PROMAN Servicios Generales, concesionaria del servicio de control de acceso a los centros deportivos y culturales militares de Ceuta, que llevan dos meses “y van camino del tercero sin percibir sus salarios”.

Entre los centros afectados en Ceuta se encuentran la Hípica, el Casino Militar, el centro Infanta Elena entre otros muchos, recuerdan desde el sinbdicato.

Esta empresa, adjudicataria de este servicio a nivel nacional, con un coste aproximado 900 millones de euros por un periodo de dos años prorrogable a dos más, “viene incumpliendo, reiteradamente, a lo largo de los dos años que lleva prestando este servicio, la mayoría de los derechos más básicos de los trabajadores como abono de haberes en plazo, suministro de uniformidad y calzado, horas extras, plus de nocturnidad etc.… llevando por ultimo a estos trabajadores a una situación de extrema precariedad”, denuncia CCOO.

”Estos impagos reiterados provocan unos desajustes en las economías domésticas de los trabajadores y trabajadoras, explican, “que inclusive, ponen en riesgo el pago de sus hipotecas, alquileres, luz, agua, y demás gastos corrientes, con lo cual todo retraso supone unos gastos adicionales que difícilmente y si siguen sin cobrar podrán solventar, con el agravante de ser trabajadores que no cobran más que el salario mínimo interprofesional”.

CCOO amenaza con emprender acciones legales contra esta empresa para que sea sancionada con arreglo a la ley “por incumplimientos reiterados en el abono de los salarios”. El sindicato añade que “seguirá luchando para que en la adjudicación de este tipo de contratas se considere una penalización haber incumplido las obligaciones laborales por parte de los licitadores, como ocurre en este caso”.