Vivas e Imbroda renuncian a elevar del 50% al 75% las deducciones y bonificaciones fiscales locales


Vivas e Imbroda renuncian a elevar del 50% al 75% las deducciones y bonificaciones fiscales locales

- Martínez da por hecho que los Gobiernos de Ceuta y Melilla deben priorizar ahora el esclarecimiento del concepto de "ciclo mercantil completo"

- El borrador de reforma del Régimen Económico y Fiscal (REF) local presentado a Zapatero preveía un incremento del 50% en el diferencial impositivo y un coste para el Estado de 80 millones

Los presidentes de Ceuta y Melilla, Juan Vivas y Juan José Imbroda, se volverán a ver este miércoles en Madrid con la reforma del Régimen Económico y Fiscal (REF) local sobre la mesa, aunque con una rebaja considerable en sus aspiraciones al respecto. La degradación de la coyuntura económica desde 2009, cuando el Consejo de Gobierno ceutí aprobó su propuesta de cambio al Ejecutivo de Zapatero, ha llevado a las dos ciudades a dar casi por imposible, a tenor de las explicaciones aportadas por el portavoz gubernamental caballa, Guillermo Martínez, la elevación prevista en un 50% de las deducciones y bonificaciones fiscales locales.

Hace poco más de tres años, Márquez y Martínez cerraron un texto en el que, además de elevar del 50% al 75% las deducciones en los impuestos de Sociedades, IRPF, Sucesiones, Donaciones y Transmisiones, las dos ciudades instaban la creación de una Reserva de Inversiones para las empresas radicadas en la ciudad, a "aclarar" cómo se regula el "ciclo mercantil completo" que debe cumplirse para beneficiarse de las deducciones y a introducir un sistema de bonificaciones que propicie "abatar el transporte marítimo y aéreo de mercancías".

La situación económica actual ha obligado a Ceuta y a Melilla a dejar de pensar en tal altas aspiraciones (las mismas que, según ha desvelado Martínez ya con Rajoy en el poder, Zarrías recibió catalogándolas de "programa electoral") y a centrarse en "aclarar el ciclo mercantil completo".

La reforma del REF también contemplaba pedir al Gobierno de España que tramite ante Bruselas la concesión para las dos ciudades de "un rango equivalente al de las Regiones Ultraperiféricas", propósito que se mantiene.

Según los cálculos que entonces hicieron Márquez y Martínez, la aplicación del borrador de 2009 supondría una inyección económica inmediata en la ciudad de aproximadamente el 5% de su Producto Interior Bruto (PIB), que supera los 1.800 millones de euros, por lo que el Estado dejaría de recaudar anualmente "alrededor de 80 millones de euros".