La Dirección Provincial del Ministerio de Educación ya tramita la escolarización de un tercio de los 23 niños atendidos hasta ahora por DIGMUN tras recifir los informes oficiales evacuados por la Policía Nacional que certifican que efectivamente residen en la ciudad, el requisito ineludible para dar ese paso atendiendo a lo contemplado en la Ley del Menor.

A la Administración educativa no le corresponde determinar si su estancia en Ceuta es legal o no.

El director provincial de Educación, León Bendayán, ha explicado que ahora, de la mano de los centros educativos y las familias, toca determinar la adscripción de esos niños a un colegio u otro en función de su lugar de residencia o de trabajo de los progenitores (como con cualquier otro menor) y concretar si deben entrar en aulas con compañeros de su edad biológica o no, en función de su nivel curricular y otros factores.

Bendayán ha recordado la problemática existente en la ciudad con las ratios de alumnos por aulas y destacó que la escolarización de estos menores debe hacerse con un estudio previo “dado que no proceden del sistema como los casos que, a diario, nos encontramos procedentes de otros puntos del país, sino que hasta ahora han permanecido fuera de él”.

Las autoridades seguirán estudiando la situación en Ceuta del resto de niños y sus familias para, en caso de que también se acredite que viven en la ciudad, dar los mismos pasos.

El procedimiento no abre ninguna puerta a la llegada de niños marroquíes del otro lado de la frontera a los centros educativos locales, como han querido insinuar algunas voces. La propia DIGMUN es la primera que no admite en su programa de formación no reglada a pequeños no residentes reales.