NO A 'COLEGIOS-GUETO'

La FAMPA se opone a "perpetuar" privilegios de acceso a los colegios más solicitados para ciertas familias

La FAMPA se opone a "perpetuar" privilegios de acceso a los colegios más solicitados para ciertas familias
Imagen de archivo.
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El Ministerio de Educación solo tiene el apoyo de 'Escuelas Católicas' para cambiar la Orden que regula la admisión de alumnos en los centros públicos y privados de Ceuta y Melilla con el propósito de que estos puedan dar 1,5 puntos en la escolarización por tres supuestos: la condición de antiguo alumno de padres o hermanos, por haber estado matriculado en el centro o la condición de trabajador del centro de familiares en determinados grados de parentesco.

Están en contra la mayoría de la Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado, los técnicos que han elaborado el informe de la ponencia, la Confederación Española de Asociaciones de Padres de Alumnos (CEAPA) y el representante de SATE-STEs, el melillense José Luis Belmonte, que ha votado incluso en contra hasta de la toma en consideración del proyecto presentado por el MECD al considerar que “viene a ratificar el criterio de que los centros concertados siguen eligiendo a su alumnado”.

El MECD no está obligado por ello a cambiar sus planes porque se trata de un órgano consultivo pero, según las fuentes consultadas por Ceutaldia.com, hasta el director general ha "asumido" en el Consejo Eescolar del Estado las pegas de la mayor parte de los agentes de la comunidad educativa.

El Ministerio dice querer con esa prima de 1,5 puntos para alumnos con familias vinculadas “reforzar la libertad de las familias en la elección de centro y al mismo tiempo otorgar a estos mayor protagonismo” en los procesos de matriculación pero al presidente de la FAMPA de Ceuta, Mustafa Mohamed, le parece que en realidad con su implantación lo que se conseguiría es “profundizar en un sistema de escolarización que conduce a la formación de ‘centros-gueto”.

A juicio de Mohamed, “las tres circunstancias que contempla la propuesta del MECD para recibir esos puntos parecen dirigidas a mantener y potenciar la actual distribución de plazas, perpetuando el privilegio en los centros de mayor solicitud a determinadas familias con alto nivel socioeconómico y seguir potenciando la creación de ‘guetos’ en otros”.

"La aplicación de criterios determinados que no afectan a la generalidad del alumnado como la condición de antiguo alumno de familiares, haber estado matriculado o la condición de trabajador del centro de familiares podría afectar negativamente al principio de igualdad"

Para la FAMPA, el nuevo criterio complementario, cuyos 1,5 puntos serían “clave” para resolver empates, “parece vulnerar el artículo 84 y 86 de la Ley de Educación y el artículo 4 del Real Decreto por el que se regulan la admisión de los alumnos en centros públicos y privados concertados, los requisitos que han de cumplir los centros que impartan el primer ciclo de la educación infantil y la atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo en el ámbito de gestión del Ministerio especialmente el principio de igualdad en la elección de centro educativo”.

CEAPA ve “abusivo” que se pretenda dar “mayor puntuación a que un pariente en tercer grado de afinidad tenga o haya tenido vinculación laboral con un centro, al igual que el resto de criterios incluidos (1,5 puntos), que la circunstancia de familia numerosa de carácter general, discapacidad de un hermano, padre o madre, o renta económica baja (1 punto)”. Para la FAMPA, así “queda claro que la inclusión de estas circunstancias no recogidas en la Ley Orgánica, no hace más que perpetuar la segregación de clases sociales en las dos ciudades españolas más desiguales, algo que no es admisible porque rompería el principio de igualdad”.

“Que los centros puedan acordar la aplicación de criterios determinados que no afectan a la generalidad del alumnado como la condición de antiguo alumno de familiares, haber estado matriculado o la condición de trabajador del centro de familiares podría afectar negativamente al principio de igualdad en la aplicación de las normas de admisión”, han alertado los autores del informe de la ponencia del Consejo Escolar del Estado antes de recomendar “reflexionar sobre su eliminación”.

La recuperación de puntos de 'libre disposición'

El director provincial de Educación, León Bendayán, ha recordado que la concesión de puntos de ‘libre disposición’ para los centros “ya existió en el pasado en Ceuta pero posteriormente se suprimió del baremo que se usa ahora”. Aunque la Dirección Provincial no ha sido protagonista en la redacción del proyecto de nueva Orden, su titular puso en duda que la implantación de este nuevo criterio de valoración para hijos o hermanos de antiguos alumnos vaya a tener una gran incidencia en los procesos de matriculación, marcados sobre todo por las zonas de influencia de residencia y lugar de trabajo de los progenitores.

“En casi todos los colegios de Ceuta, públicos o concertados, se ve que hay multitud de ejemplos en los que padres, hijos, etcétera han ido al mismo centro y esos 1,5 puntos sí podrían ser determinantes para familias de zonas limítrofes que, empatadas a 6 puntos por residencia, consigan o no plaza por el punto de renta económica, algo que también puede ser injusto cuando no se trata de hacer frente a recorrer grandes distancias, como puede suceder en Madrid, sino de unas pocas calles”, señaló.

‘Escuelas Católicas’ comparte la propuesta del Ministerio porque el nuevo criterio "recoge criterios que además de ser plenamente objetivos y de tener carácter público -no, por lo tanto, discrecionales- se justifican en el hecho de evidenciar una vinculación o relación del solicitante de plaza con la comunidad educativa del centro y con éste mismo”.

Además subraya que “el proyecto de norma no permite que los centros que apliquen estos criterios lo hagan de forma discriminatoria, toda vez que todos los alumnos solicitantes que los cumplan serán acreedores a su aplicación”. Así las cosas, a su juicio “precisamente el establecimiento de criterios de admisión tiene como finalidad tratar de forma desigual a los solicitantes de plaza cuando el número de éstos es superior al de plazas disponibles”.