El delegado del Gobierno, Nicolás Fernández Cucurull, y el director provincial de Educación, León Bendayán, han dado por hecho este martes que la Comisión de Escolarización dará su visto bueno esta semana a la ampliación en un 10% de las ratios de 25 alumnos por aula acordadas para el primer curso de Educación Infantil (3 años) en la zona centro y la del Sardinero.

Ello permitirá dos cosas: obligar a menos familias a desplazarse al CEIP Maestro José Acosta, al que habían sido derivados para su escolarización muchos de los pequeños que no habían obtenido plaza en sus centros de preferencia, y subsumir en esa ampliación las resoluciones que, incluso saltándose el orden de lista de espera, había dictado Cecilio Gómez en favor de 6 familias antes de ser cesado.

Cucurull y Bendayán han dejado claro que la ampliación beneficiará a los alumnos "por orden riguroso de lista de espera" en dos áreas "con una gran demanda y menos oferta de plazas".

El director provincial también ha explicado que el cupo docente para el próximo curso se situará en 1.254,5 docentes, 19 más que el año académico pasado (10 en Formación Profesional, sobre todo para atender la puesta en marcha de 2º de FP Básica con la implantación de la LOMCE).

Bendayán quiere dar a la comunidad educativa un año de "reflexión" para tomar una decisión definitiva sobre la transformación del IES Almina en un Centro Integrado de Formación Profesional, aunque ha asegurado que los alumnos que comiencen Secundaria este septiembre en ese centro podrán terminarla allí.

Con los Bachilleratos, pese a que el "daño" causado a algunos centros con la polémica suscitada por la supresión de parte de la oferta ya está hecho, el director provincial ha prometido que no se eliminará oferta si se reúne un número "mínimo" de estudiantes. En todo caso se buscará el "consenso" y un reparto "equitativo" del alumnado que no profundice en el desmantelamiento del Bachillerato en ciertos institutos en favor de otros.

"Esperamos iniciar el curso 2015-2016 co normalidad y sin problemas para que el sector educativo se sienta satisfecho con el trabajo de la Administración", han deseado con una sola voz el delegado y el director provincial, que ha cerrado su equipo con Carlos Ortega como secretario general de la Dirección Provincial porque opina que su perfil "docente" es idóneo para el puesto y que la Ley "permite" ese nombramiento sin convocar un Concurso General de Funcionarios, como exige FSP-UGT y por lo que está litigando el también diputado autonómico Javier Varga.