Los profesores reclaman, según el presidente de la Junta de Personal Docente No Universitario de Ceuta, Francisco Lobato, que la Administración, a través de la Inspección, aplique todo el peso de la ley sobre el alumnado conflictivo. Que sea tan "escrupulosa" con el cumplimiento de los correctivos que se impongan a los estudiantes que no cumplen con sus deberes "como con los docentes", laxitud que en la Dirección Provincial no se aprecia por ningún lado.

El director provincial del Ministerio de Educación (MECD) en Ceuta, León Bendayán, tendrá ocasión de escuchar este martes directamente y contestar a esas reivindicaciones en la reunión que ha convocado con los sindicatos docentes representativos (FeSP-UGT, FECCOO, CSIF y ANPE) para analizar la situación y el marco de convivencia, conflictividad y violencia escolar en los centros después de que Comisiones Obreras le solicitase el viernes una cita tras la agresión de un alumno a una docente del IES Abyla.

En este caso la normativa se ha aplicado en el ámbito educativo, con independencia de las posibles repercusiones que depare el incidente en los Juzgados, a rajatabla: el suceso conllevó la expulsión provisional inmediata del estudiante mientras, como es preceptivo, se tramita el correspondiente expediente, que podría concluir con la privación de su derecho a acudir al centro hasta durante un mes o con su separación definitiva del instituto, en cuyo caso el MECD deberá asignarle plaza en otro.

Lobato transmitirá la “preocupación” que le han trasladado a su vez “muchos” profesores, incluso veteranos, por la creciente conflictividad “de baja intensidad” que tiene la sensación que cunde en los institutos y en los colegios. “Las agresiones, la violencia física, son la punta del iceberg y aunque es cierto que son hechos puntuales también lo es que el iceberg está ahí y el profesorado se queda de que quizá no se hace todo lo que se puede para combatir la indisciplina, la violencia verbal...”, ha explicado el ugetista, portavoz del "creciente" malestar, incluso de curtidos, con grupos que "se les van de las manos".

La normativa vigente sobre derechos y deberes de los alumnos y normas de convivencia en los centros establece que los estudiantes tienen el deber de “seguir las orientaciones del profesorado respecto de su aprendizaje y mostrarle el debido respeto y consideración” y de “respetar el ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros”.

Las correcciones por el incumplimiento de las normas de convivencia deben “tener un carácter educativo y recuperador”, “garantizar el respeto a los derechos del resto de los alumnos” y “procurar la mejora en las relaciones de todos los miembros de la comunidad educativa”. 

En concreto se prevé la aplicación de "amonestaciones" privadas o por escrito; comparecencias inmediatas ante la Jefatura de Estudios; la realización de "trabajos específicos en horario no lectivo" o "de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades del centro"; la "suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares o complementarias del centro"; el cambio de grupo "por un plazo máximo de una semana" e incluso la "suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases" o al centro "por un plazo máximo de tres días".