El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales ha descrito en un informe muy crítico las condiciones en las que desempeñan su labor esos 82 trabajadores fijos-discontinuos, un colectivo víctima de “una falacia de precariedad que repercute en su salud” por cuya "explotación" se pelean los centros educativos.

Según el dictamen emitido tras investigar durante seis meses a petición de UGT, sufren un “estigma” por “la supuesta precariedad laboral respecto a la fragilidad de la forma de contratación”, discurso que “no es oficial ni formal pero sí utilizado como acicate disruptivo en su relación con los centros, cuyos equipos directivos se disputan con otros la explotación de esos recursos humanos y gestionan sus derechos laborales como si fuesen el órgano de Recursos Humanos competente, olvidando que son trabajadores municipales”.

Entonces se ven obligados a hacer “tareas no vinculadas a su puesto de trabajo”. Así, se han encontrado “trabajadoras sociales que hacen fotocopias, cargan y transportan libros, etcétera”, empleados “comodín” en una posición versátil que deriva en “agravios comparativos en reparto de carga, ratios de alumnos a atender y estabilidad en los centros”. Por añadidura, parte de los trabajadores son “compartidos” por varios centros “en una misma o distinta jornada, desbordándoles las necesidades”.

En cuanto a los ritmos de trabajo, “suelen responder a un calendario que se repite con frecuent estabilidad pero no se realizan las previsiones oportunas para programar el abordaje de las cargas asociadas con la suficiente antelación para evitar sobrecargas, premuras y retrasos cuando los ciudadanos los reclaman todos a la vez”.

Por si fuera poco, el coordinador del personal del Convenio “no ha estructurado al colectivo, no reparte la tarea equitativamente y no ha implantado criterios objetivos de relación laboral”. Su comunicación es “casi inexistente para un grupo amplio”. “No se realizan reuniones de equipo” y el personal termina recibiendo órdenes “del MECD, el Ayuntamiento, el coordinador, los equipos directivos...”. “Los que se benefician nunca pueden pretender el cambio pero no constata disparidad: solo insolidaridad, disputas y creación de un clima laboral negativo”, advierte.

Distrés, patologías y enfermedad

El informe advierte que “las ratios y el desempeño itinerante debe estar equitativamente encomendado entre toda la plantilla de trabajadores” y que “el trabajo en dos centros educativos en una misma jornada laboral de mañana debe ser reprogramado para la eficacia y la eficiencia de los que la ejercen, obedeciendo a un criterio único y no temporal o contextual según singularidad o ideario de cada centro”.

Para el técnico que firma el informe junto al jefe del Servicio, “obedecer a diferentes criterios profesionales o no tener uno institucional que respalde el ejercicio de las competencias asignadas, además de tener que realizar labores no propias del puesto de trabajo, genera un conflicto permanente por un ejercicio arbitrario del poder directivo que busca, de manera inadecuada, un mayor aprovechamiento de la mano de obra imponiendo condiciones de trabajo desfavorables a los trabajadores”.

Ello se traduce en “un distrés crónico que somatiza a medio o largo plazo en posibles patologías de salud acompañadas de una fragilidad emocional y una pérdida de autoestima o autoconcepto que imbuyen a los trabajadores en una espiral de incertidumbre, desasosiego, tristeza, ansiedad y subjetivismo como prólogo de la enfermedad y la ineficacia laboral y doméstica”.

Para corregir esa deriva ha reclamado “una jerarquía clara y normativa”, “la misma relación con los recursos humanos que el resto de los empleados públicos de la Ciudad [“aunque de perogrullo, lo obvio debe recordarse”, apostilla], “un rol laboral concreto con una delimitación de funciones” y órdenes de trabajo que no procedan “de distintas fuentes y con intereses a veces confrontados”.