El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dado la razón al hoy diputado de Ciudadanos y trabajador del propio Ministerio de Educación, Javier Varga, y le obliga a cubrir el puesto de secretario general de la Dirección Provincial del Ministerio con una persona del cuerpo no docente, lo que supondrá de facto el cese del actual secretario, Carlos Ortega, y en teoría debería suponer la convocatoria de un concurso para la cobertura de dicho puesto, según entiende el propio Varga.

La sentencia reconoce la “inadecuación al Orden jurídico” del nombramiento de Ortega y condena a la Administración en las costas. La propia defensa desempeñada por la abogacía del estado reconoce como señala la sentencia “el deseo de que un futuro se realice mejor lo mal hecho, aunque éste se reduce a que el puesto deba ser cubierto exclusivamente mediante el sistema de libre designación. Afirma que en 28 de abril de 2000 se crea el mismo y que desde entonces ha sido desempeñado en comisión de servicios por cuatro funcionarios de los cuerpos docentes, reconociendo el error en que se incurre a su juicio en el momento de su creación ‘ya que al tratarse de un puesto singularizado y de especial responsabilidad, su forma de cobertura debería haber sido mediante el procedimiento de libre designación’. Sin que ninguna norma avale la actuación administrativa, así se ha venido proveyendo. Sobra cualquier consideración”, cierre la sentencia.

Es decir, el propio Ministerio sabía perfectamente y lo reconoce durante el proceso contencioso administrativo que no había venido haciendo las cosas bien desde el minuto uno en el que se creo la plaza. “Para reconocer que dos y dos son cuatro te obligan a ir al contencioso”, ha apostillado el propio Varga a Ceutaldia.com.

Es decir, el puesto de secretario general de la Dirección Provincial del Ministerio de Educación debe cubrirse mediante concurso y por una persona del cuerpo no docente. Mientras que hasta la fecha ha venido siendo designado de forma libre y generalmente nombrando a docentes en el mismo.

El Tribunal da la razón a Varga al entender que la plaza debe cubrirse por concurso valorando méritos y capacidades y en su caso aptitudes de los candidatos. “La Relación de Puestos de Trabajo (RPT), que en la Administración del Estado sí tenemos, indica que es un puesto de no docente”, ha aclarado Varga.

“No sé lo que van a hacer, pero deberían convocar un concurso para cubrir ahora la plaza, si la convocan podré participar yo y todo el que esté interesado”, ha aclarado Varga. El de Ciudadanos no ha perdido la ocasión de hacer crítica política: “Unas veces dan casas a quién no corresponde o del modo que no corresponde y otras puestos de trabajo”, ha censurado al PP.