La Asociación Profesional de Funciones de Prisiones (APFP) ha denunciado este lunes que un funcionario del Centro Penitenciario de Los Rosales, "un delegado sindical muy activo perteneciente a la central con más votos", ha sido expedientado "por presentar sus solicitudes de vacaciones y permisos ante la Delegación del Gobierno y pedir copias selladas de sus solicitudes, algo a lo que todo ciudadano tiene derecho". A juicio de la entidad es "otro intento por aniquilar la libertad sindical" en la cárcel ceutí.

"La incoación del expediente disciplinario, que no señala fecha de cuando ocurrieron los hechos, acude a un lenguaje oscuro, indeterminado y abierto a interpretaciones para su inicio por motivos que no son constitutivos de sanción y que está recogido en la vigente ley de procedimiento administrativo común", ha asegurado la central, que entiende que "al funcionario se le trata de coartar su derecho como ciudadano para acudir a la Administración Pública en busca del registro de sus solicitudes".

La APFP ha indicado en un comunicado que "esta barbaridad jurídica, promovida por los responsables del centro en que trabaja el afectado, es un síntoma evidente de la persecución sindical y laboral que sufre el funcionario expedientado", que es secretario de la Junta de Personal de la Administración General del Estado y que ha interpuesto ocho contenciosos-administrativos contra las decisiones del centro penitenciario, dos ya resueltos con expresa condena en costas para la Administración demandada mientras que el resto sigue su curso.

Además, ha obtenido otras dos sentencias firmes en el Tribunal Supremo, resultando condenado expresamente el Ministerio del Interior a cantidades superiores a los 600.000 euros, "cantidades que se niega a pagar abriendo nuevos procesos judiciales en ejecución forzosa". Según la APFP "el motivo real de la incoación del expediente disciplinario se encuentra en la actividad judicial y sindical que ejerce el funcionario que, desde hace años, está siendo objeto de una implacable persecución sindical y acoso laboral".

"Política del miedo"

El delegado sindical expedientado ya ha visto durante los últimos años "cómo le han sustraído reiteradamente dinero de las nóminas sin causa ni procedimiento alguno, le han quitado el plus de residencia por ser hospitalizado fuera de Ceuta, le han negado el registro y copia de sus solicitudes, le han quitado días de vacaciones, no le han abonado los días trabajados para la Administración, le han impedido que disfrute de sus permisos, le han cambiado de guardia como represalia a su actividad sindical, le han impedido disfrutar del permiso de paternidad completo por el nacimiento de sus hijos, le han descontado días por deber inexcusable…".

La APFP considera que "desde la Dirección del Centro se intenta imponer la política del miedo tratando de socavar el medio de vida de cientos de familias", y que "se perjudica conscientemente al que osa cuestionar las decisiones infundadas o manifiestamente ilegales y se persigue al que hace valer la Ley".

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