Expulsiones sumarias y abusos policiales, falta de condiciones adecuadas en los CETI, discriminación por razón de nacionalidad y ausencia de atención a grupos vulnerables, así como el cierre de fronteras para personas refugiadas de nacionalidad distinta a la siria, las restricciones a la libertad de circulación para los solicitantes de asilo y la falta adecuada de información para quienes buscan protección internacional, un sistema arbitrario de sanciones en los centros que puede llevar a la expulsión de los centros...

Amnistía Internacional (AI) ha documentado en una nueva investigación ('Ceuta y Melilla: un territorio sin derechos para personas migrantes y refugiadas') hasta ocho tipos de vulneraciones de los Derechos Humanos en las ciudades autónomas. Según el director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, “la mayoría de las personas que solicitan asilo, excepto aquellas de nacionalidad siria, se quedan estancadas en el limbo que supone Ceuta y Melilla, donde tienen miedo de pedir asilo, por si se prolonga su estancia en los CETI y no se garantiza la aplicación de la Ley de Asilo de la misma manera que en la Península”.

“Algunas nacionalidades, como la marroquí o la argelina, sufren discriminación a la hora de ser trasladadas a la Península y los colectivos vulnerables no están recibiendo la atención que necesitan”, denuncia el director de AI. “Muchos” de los subsaharianos con los que se entrevistaron los investigadores de AI durante su visita a las ciudades autónomas dieron cuenta de “violaciones de derechos humanos” a ambos lados de la frontera. En el caso de Ceuta la posibilidad de acceder a territorio español por la frontera “no es real puesto que a pesar de que en marzo de 2015 se crearon las oficinas de asilo a día de hoy permanecen cerradas y no han registrado ninguna solicitud de protección internacional”.

La investigadora Virginia Álvarez lamenta que “los CETI no reúnen las condiciones adecuadas de acogida para personas migrantes y refugiadas, especialmente para aquellas que se encuentran en una situación más vulnerable, que se encuentran desprotegidas y desatendidas y por lo tanto deben ser trasladadas de manera inmediata a la Península”. Entre los colectivos vulnerables se encuentran las personas LGBTI o las personas con discapacidad como Redonan Ghazi, argelino de 35 años que lleva en el CETI de Ceuta desde agosto y sufre una triplejia que le obliga a estar postrado en una silla de ruedas, puesto que no tiene apenas movilidad en las piernas ni en el brazo derecho. El propio personal del CETI reconoce, según AI, que el centro “no ofrece las condiciones adecuadas” para el migrante, que duerme y come en la zona destinada a enfermería.

Amnistía Internacional teme que sean “muy pocas” las víctimas de trata que llegan a Ceuta y Melilla que finalmente son identificadas como tal por la policía y adecuadamente protegidas y ha documentado el “trato desigual y discriminatorio” que las autoridades españolas están otorgando a personas solicitantes de asilo de otras nacionalidades distintas a la siria.  “La nacionalidad es un factor que retrasa su salida a la Península y por lo tanto también su protección”, denuncia Esteban Beltrán.

El caso de Inés y las 'devoluciones'

Amnistía ha tenido conocimiento de que finalmente Inés, una joven de 25 años de nacionalidad argelina que huyó de su país porque fue obligada a casarse contra su voluntad cuando tenía 15 y fue víctima de violencia de género, ha obtenido protección internacional y recientemente fue autorizada a salir del CETI de Ceuta con destino a un centro para personas refugiadas en la Península.

Sin embargo, la oenegé ha criticado que la migrante ha tenido que permanecer junto a su hija más de un año en el CETI de la ciudad autónoma “en condiciones inadecuadas [compartiendo habitación con otras siete mujeres y un bebé], especialmente para la niña  de 5 años; sin poder disfrutar de los derechos que como solicitante de asilo debería haber tenido”. Según AI, “la falta de una respuesta rápida, y la negación de sus derechos como solicitantes de asilo” lleva a muchas personas a “terminar renunciando a la protección internacional a la que tienen derecho”.

Como ejemplo de “expulsiones sumarias” se citan las más de 60 'devoluciones en caliente' practicadas el pasado 9 de septiembre, cuando unas 240 intentaron saltar la valla y “fueron devueltas sin ningún tipo de procedimiento". O el caso del joven subsahariano que permaneció encaramado a la valla durante más de siete horas sin ser atendido. El joven terminó perdiendo la movilidad en la mano, denuncian. Unas expulsiones en caliente que se realizan "sin garantías jurídicas y con uso excesivo de la fuerza".

Quince medidas urgentes

Amnistía Internacional (AI) aboga en el Plan de Acción con quince medidas que acompaña a su informe por “suspender la cooperación con Marruecos en materia de control migratorio” y “por dejar de devolver a este país a personas migrantes y refugiadas hasta que el Reino alauita se comprometa a respetar sus derechos humanos, así como derogar o modificar la ley para regular con precisión los ‘rechazos en frontera’ de Ceuta y Melilla”.

La organización es igualmente partidaria de “garantizar” el traslado inmediato a la Península de las personas en situación de especial vulnerabilidad, “especialmente cuando en el CETI no se les puede proporcionar la atención adecuada: personas con algún tipo de discapacidad, familias con menores en edad de escolarización, embarazadas, personas con problemas psicológicos, víctimas de trata, violencia de género, víctimas de violencia sexual o tortura, y personas LGBTI”.

Garantizar “unas condiciones adecuadas de vida” en los CETI y “que todas las personas necesitadas de protección internacional tengan acceso al territorio español, sin discriminación por motivos de nacionalidad y garantizando procedimientos individualizados de asilo”, son otras dos medidas propuestas por AI, que además reclama más esfuerzos para “identificar correctamente” a las personas víctimas de trata y de violencia de género para garantizar que reciben “información, protección y acceso a justicia”.

El Plan de Acción también incluye como reivindicación a las Administraciones Públicas que se ocupen de garantizar en los CETI de Ceuta y Melilla “todos los derechos previstos en las Directivas europeas de asilo y en la normativa española sobre asilo, incluyendo la posibilidad de la libre circulación por todo el territorio español, una vez que la solicitud de asilo ha sido admitida a trámite”.