Antonio Jesús Ibáñez, un empresario local que hace 18 años se hizo con la marca 'Plásticos Ibáñez', mantiene abierto un litigio eterno con una sociedad andaluza por el logo de su sociedad. En 1998 el entuerto pareció resolverse tras recibir de 'Patentes y Marcas' una carta resolviendo a su favor.

Nada más lejos de la realidad. "Al no tener conocimiento de las leyes de Marca entendí que al haber una resolución a mi favor ya habían anulado la de 'Plásticos Andalucía' y no tenía que hacer ninguna otra acción ni gestión, ya que di por entendido el cese del uso del logotipo en sus bolsas", argumenta el empresario ceutí en la amplia documentación a la que ha tenido acceso Ceutaldia.com.

Tres lustros después, ahora Ibáñez ha sabido que 'Plásticos Andalucía de Granada' registró el pasado mes de julio otro registro. Sus problemas con su agente, la empresa URIAS, que de acuerdo con el testimonio del ceutí "no pagó la renovación de la marca por 10 años en 2005, como se había establecido por contrato", están detrás del conflicto: "Me ha perjudicado beneficiando así a 'Plásticos Andalucía de Granada' facilitánole el registro de mi marca".

"Sabiendo el agente que a los 5 años de la resolución prescribe y yo sin tener conocimiento de todo esto sin haber haber recibido asesoramiento ni ayuda, la empresa ha seguido usando desde 1998 hasta ahora el logotipo sin autorización, vulnerando así mis derechos de marca sobre mi patente", protesta Ibáñez, que se ha enterado "a través de un conocido" de ello.

La legislación establece, según argumenta el caballa, que "no podrán registrarse como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o consensual con una marca anteriormente solicitada o regitrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior".

Ibáñez ha alertado por escrito al Ministerio de Industria de que su caso y su "indefensión" pueden generar "alarma social entre los empresarios que tienen registros de sus marca y signos" en la Oficina española competente "si observan mi indefensión". Desde su punto de vista la Administración "no logra velar por los derechos fundamentales dentro de su área" y en su caso "la empresa mayor se ve beneficiaria perjudicando a un autónomo".