ASAMBLEA

Las Brigadas Verdes se dan más tiempo para elegir entre la FPAV y Tragsa mientras sueñan con Obimace

Las Brigadas Verdes se dan más tiempo para elegir entre la FPAV y Tragsa mientras sueñan con Obimace
Imagen de la asamblea celebrada en el Salón de actos del Edificio Sindical.
Imagen de la asamblea celebrada en el Salón de actos del Edificio Sindical.  

La práctica totalidad de la plantilla de las Brigadas Verdes, unos 150 trabajadores, ha decidido este jueves por la tarde tras una hora y media de asamblea darse más tiempo para votar si opta por quedarse con la Federación Provincial de Asociaciones Vecinos (FPAV) o porque su gestión pase a manos de Tragsa, la alternativa que ha propuesto el Gobierno de Vivas frente al "riesgo cierto" que entraña el "boquete" en las cuentas de la primera y ante lo "imposible" de reubicarlas en el sector público.

En realidad los trabajadores es eso lo que quieren, acabar "en Obimace", un empleo y un sueldo "estable" y garantizado de por vida, pero los informes elaborados por el Ejecutivo local han concluido que la "incorporación a una sociedad municipal, organismo autónomo o a la propia Ciudad" es inviable porque "habría de pasar inexcusablemente por un proceso que garantizara los principios de mérito, capacidad y libre concurrencia".

Descartada esa posibilidad, los miembros del Comité de Empresa y el secretario general de CCOO, Juan Luis Aróstegui, han desgranado ante un auditorio parcialmente exaltado y en general temeroso e inquieto, el contexto del programa. La FPAV, han detallado, presenta un desajuste de unos 150.000 euros en las cuentas de 2018 (en forma de deudas con proveedores, Seguridad Social y talones sin facturas) que la Intervención de la Ciudad no ve justificados.

Si no lo arregla "de alguna forma", en cualquier momento la Ciudad dejará de pagarle aplicando la Ley de Subvenciones el convenio de 3,5 millones al año que sostiene las Brigadas Verdes, con lo que los trabajadores dejarían de cobrar. Se trata, ha resumido Aróstegui, de una situación "muy delicada" y de un riesgo "muy inmediato" que todo el mundo ha parecido tener más o menos claro en la asamblea.

A pesar de ello, la opción de la empresa pública estatal Tragsa, en la que la subrogación de toda la plantilla se haría "respetando sueldos y categorías", genera recelos relacionados con el Convenio que se aplicaría (ampararse en el de Jardinería para el traspase del personal podría ser solo una decisión instrumental), la posibilidad de que apriete las tuercas para "obtener más rentabilidad"... "Negociemos con ellos las mejores condiciones posibles de subrogación antes de decidir", han propuesto varios.

Los sindicatos han intentado trasladar a los trabajadores una idea clara: la continuidad de sus empleos no está ligada a la FPAV ni a Tragsa, meros gestores, sino a la voluntad política mayoritaria en la Asamblea, que al menos de momento está a favor de seguir dotando su mantenimiento. La decisión por tomar estriba en arriesgar con la Federación Provincial y en lo que se pueda sostener el pago del convenio en una situación ya "irregular" ("la ley es clara, o se justifica todo o no se paga nada", ha explicado Aróstegui) o se apuesta por Tragsa.

Durante la asamblea se han esbozado otras posibles soluciones como "sacar a licitación" el programa, buscar otra entidad sin ánimo de lucro que reemplace a la FPAV en la gestión o aplicar "la regulación armonizada del artículo 20" (?). "Decidamos lo que decidamos, los sindicatos estaremos aquí para intentar llevar al mejor puerto la opción de la mayoría", se han comprometido desde el estrado.