El CERMI de Ceuta recopilará firmas en la ciudad para mejorar la Ley de Dependencia


El CERMI de Ceuta recopilará firmas en la ciudad para mejorar la Ley de Dependencia

- El movimiento de persona con discapacidad quiere "establecer criterios más claros, justos e iguales en relación con la capacidad económica y la participación en el coste de las prestaciones"

- El jueves se colocará un stand en el Paseo del Revellín para recopilar apoyos, iniciativa que se repetirá quincenal o mensualmente hasta julio

La presidenta del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) de Ceuta, María Luisa Villadén, y su homóloga de ADEN, una de las entidades que lo forman, Carmen Morroco, han dado a conocer este martes en la ciudad autónoma la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que el movimiento de personas con discapacidad de todo el país ha puesto en marcha para cambiar y mejorar el articulado de la Ley de Dependencia.

En Ceuta el colectivo instalará este jueves en horario matutino un stand en el Paseo del Revellín para reunir apoyos de los caballas, iniciativa que repetirá con una periodicidad mensual o quincenal hasta el 31 de julio, cuando está previsto presentar los recopilados en toda España en las Cortes Generales.

Villadén ha explicado que la ILP busca modificar la Ley de Dependencia para "establecer criterios más claros, justos e iguales en relación con la capacidad económica y la participación en el coste de las prestaciones por parte de las personas beneficiarias".

Más de siete años después de la aprobación de la Ley de Dependencia y con una crisis por el medio que ha medio desbaratado su puesta en marcha, el CERMI considera que “resulta urgente e imprescindible modificar la Ley 39/2006 para establecer criterios más claros, justos e iguales en relación con la capacidad económica y la participación en el coste de las prestaciones de autonomía personal y atención a la dependencia por parte de las personas beneficiarias, mujeres y hombres con discapacidad y de edad avanzada”.

Así, se pide regular la participación en el coste de las prestaciones, al igual que ocurre ahora con la capacidad económica, así como la ampliación de los factores que se tienen presentes a la hora de determinar tanto la renta como el patrimonio, añadiendo a la edad el momento vital de aparición de la situación de dependencia y su mayor o menor prolongación a lo largo de la vida de la persona beneficiaria.

Además, se solicita incorporar garantías para las personas beneficiarias que modulen su esfuerzo de participación en el coste de las prestaciones que reciben, como la exención de aportación por debajo de un determinado umbral de capacidad económica; la limitación máxima en la participación, que quedaría fijada en el 60% del precio de referencia del coste del servicio; o la seguridad de un mínimo para gastos personales, que no sería inferior al 40% de la capacidad económica.