Ceuta, un “limbo jurídico” para los Derechos Humanos de los migrantes

Ceuta, un “limbo jurídico” para los Derechos Humanos de los migrantes
Imagen de recurso

- La red de oenegés MIGREUROPE analiza la gestión de la frontera sur en las ciudades autónomas y denuncia la “impunidad” de la Guardia Civil

- Creen que se utiliza Ceuta y Melilla como filtro, al igual que en Calais o Italia, para separar los malos inmigrantes de los buenos refugiados

- España gasta 22.000 euros al día en el mantenimiento de los perímetros fronterizos de las ciudades autónomas que sirven además para que en Marruecos haya "heridos, muerte y maltrato"


Ceuta, como Melilla, es tierra de nadie, un “agujero negro”, un “limbo jurídico” del respeto de los Derechos Humanos de los inmigrantes, el lugar que sirve de “prisión abierta” para “hacer de filtro” entre inmigrantes y refugiados, en defnitiva: "campos de selección de inmigrantes a cielo abierto" . Son las conclusiones del informe “La inmigración en el norte de Marruecos y las ciudades de Ceuta y Melilla”, fruto de una investigación desarrollada por varias oenegés en las ciudades de Ceuta, Melilla y en el norte de Marruecos, entre ellas la ceutí Elin, la única que trabaja sobre el terreno en la ciudad autónoma, y las asociaciones de Derechos Humanos de Andalucia y Andalucia Acoge, todas pertenecientes también a la red MIGREUROP.

Débora Maire, de APDH y una de las autoras del informe, denuncia el “limbo jurídico” de Ceuta en el que se “legaliza lo ilegalizable”, como las devoluciones en caliente y las expulsiones colectivas, denunciadas también por la Unión Europea y Naciones Unidas. Una práctica ilegal a la que el estado ha dado cobertura legal para legitimar las expulsiones colectivas en la que España cuenta con la leal colaboración de Marruecos. Una complicidad necesaria por la que Marruecos obtiene beneficios, subraya Maire.

Una situación de vulneración de la legalidad internacional que España ha camuflado con “políticas de pancarta” como la apertura de oficinas de asilo, oficina que, en los 16 meses que lleva abierta en Ceuta, no ha atendido a ni un solo refugiado. Y es que, advierte Débora Maire, para un subsahariano es imposible “por el color de su piel” llegar hasta la oficina en el puesto fronterizo, “se lo van a impedir” en el lado marroquí. Una imposibilidad que tiene como consecuencia que los subsaharianos no soliciten la protección internacional, porque es casi imposible para ellos y porque, de hacerlo, se les impediría salir de Ceuta hasta que no se tramite el asilo, lo que puede prolongarse durante años, viendo como los migrantes que no lo han solicitado salen para la Península y los refugiados se quedan en Ceuta.

Impunidad en el limbo jurídico

“Ninguna Ley contempla cómo y cuándo se hacen los traslados en el CETI”, apunta Maire redcordando que, así como en los Centros de Internamiento de Inmigrantes (CIE) hay una estancia máxima legal no ocurre lo mismo en el CET donde los inmigrantes pueden estar hasta cuatro años esperando a que se resuelva su expediente sin haber cometido delito alguno. Un “agujero negro” de la legalidad internacional al que las oenegés suman “la impunidad de la Guardia Civil que parece intocable” y que sirve, a su juicio, de chivo expiatorio para concentrar la atención en la gestión de la frontera.

Una gestión ilegal, injusta y, además, señala la hermana Paula Domingo, de Elin, muy cara. “España gasta 22.000 euros diarios en las fronteras de Ceuta y Melilla”, apunta la hermana Paula, “22.000 euros para que haya mutilaciones, heridos, muerte y maltrato en Marruecos”. Todo para poner diques a un problema “insignificante”. “El año pasado entraron irregularmente 2.500 inmigrantes, este 2016 no hay más de 800, es un problema insignificante” para el que las medidas adoptadas no solucionan nada. “Llevo 16 años en Ceuta. ¿Van aparar así la inmigración? No”, una valla no detiene los sueños de las personas

Llamada al próximo Gobierno

Una situación que exige una llamada de atención “al próximo gobierno sea del color que sea”. ”Necesitamos un giro en las políticas migratorias tas el estrepitoso fracaso de las actuales”, defiende José Miguel Morales, de Andalucía Acoge

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