El Colegio de Arquitectos de Ceuta (COACE) ha vuelto a analizar este jueves en asamblea el cierre de su sede y su incorporación a una demarcación de Andalucía. "Si aún no hemos tomado esa decisión", ha explicado en un comunicado, "es por nuestro convencimiento de la importancia que nuestra labor tiene para la sociedad ceutí pero, si no se solucionan algunos de los principales problemas que acucian al urbanismo en Ceuta, tendremos que tomar la decisión de cerrar".

Tres son las sogas que ahorcan al COACE: "La crisis económica, el conflicto fronterizo y la gestión urbanística por parte de nuestras autoridades" que mientras no logran aprobar el nuevo PGOU han decidido entregar a Tragsa por la vía del encargo directo prácticamente todo el negocio de la ejecución de obra pública en Ceuta para "acelerar" su ejecución.

"Los Colegios de Arquitectos son percibidos, a menudo, como simples asociaciones cuyo único fin es recaudar y defender sus supuestos 'privilegios', percepción que se acrecentó durante los años del 'boom' inmobiliario, cuando las firmas de los visados se consideraban unos impuestos que todo promotor debía abonar para construir", ha lamentado el COACE.

Sin embargo, el Colegio ha puesto de relieve que intentado siempre "cumplir sus funciones, realizando un gran esfuerzo, llevando a cabo un seguimiento de la aplicación de las distin normativas por parte de la Administración, así como del planeamiento urbanístico y de los proyectos, organizando conferencias, exposiciones y jornadas técnicas y ofreciendo nuestros servicios como instrumento de apoyo administrativo y de asesoramiento técnico".

Además de esa labor ante la sociedad ceutí, el COACE tiene también representación nacional al ser su decano "consejero de un organismo de suma importancia en el desarrollo legislativo en lo concerniente al urbanismo y la arquitectura: el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España". 

En este sentido ha destacado que "la participación en instituciones a nivel nacional no es por tanto exclusiva de nuestra Administración local y deriva de nuestro Estatuto de Autonomía: su pervivencia", ha remarcado, "debiera ser una prioridad para nuestras autoridades, ya que renunciar a ese derecho sería como renunciar a nuestro estatus jurídico como Ciudad Autónoma".