El Consejo de Estado da la razón a la Ciudad frente a la primera reclamación millonaria de Invercap


El Consejo de Estado da la razón a la Ciudad frente a la primera reclamación millonaria de Invercap

- El órgano consultivo avala la negativa de la Administración a pagar cerca de 6 millones de euros, como pedía la promotora, por la necesidad de modificar el proyecto tras el hallazgo de restos arqueológicos

- Todavía no se ha recibido el pronunciamiento relativo a las consecuencias y presuntos perjuicios causados por el desistimiento de la expropiación

Casi ocho años después de que, en marzo de 2008, la Consejería de Fomento concediese licencia de eficacia diferida a Invercap para la construcción de un complejo de edificios de viviendas, garajes y trasteros en el solar del antiguo Pasaje Fernández, el Consejo de Estado ha dado la razón a la Ciudad frente a las millonarias reclamaciones de la promotora sobre el primer expediente de responsabilidad patrimonial relacionado con el proyecto.

El Ejecutivo local, que todavía espera respuesta del supremo órgano consultivo al segundo, el relacionado con el desistimiento de la expropiación, ya tiene respaldo a su negativa a pagar los cerca de 6 millones de euros que pedía la empresa como contraprestación por los supuestos perjuicios de “la necesidad de modificar el proyecto ante la aparición de los restos” arqueológicos.

En su valoración sumaba 5,8 millones de euros en concepto de gastos de excavaciones con intereses, una indemnización a la constructora por la paralización de las obras con intereses así como sobrecostes por la división de la promoción en fases, gastos financieros bancarios de distintos préstamos, un 20% de los contratos en venta en concepto de lucro cesante, realojos, honorarios de arquitectos por modificación del proyecto e intereses de la obra ejecutada. La Ciudad Autónoma cuantificó los daños efectivamente causados en menos de un diez por ciento de lo reclamado, concretamente en algo más de 415.000 euros.

Además de ese expediente, que data de 2014, la Administración local abrió otro el año pasado como consecuencia del desistimiento de la expropiación con el fin de “concretar los daños y perjuicios generados a la propiedad con motivo del mismo”.

Para los técnicos “efectivamente, las consecuencias del desistimiento se centran en la indemnización de los daños y perjuicios originados al expropiado” pero no se pueden “anudar” al mismo los ocasionados “por otras circunstancias, máxime cuando estos han sido y son objeto de otros expedientes”.

Para la Ciudad Autónoma “los perjuicios producidos con motivo del desistimiento no deben absorber los que han sido producidos por otras causas originadas en el funcionamiento de la Administración, sino que han de centrarse en el acto administrativo como consecuencia del cual se ha originado la lesión”.

La promotora sí aspiraba a juntar todo en una suma que se elevaba a 6,6 millones de euros más 110.7078 euros “en concepto de ocupación temporal de la parcela”. Para los técnicos la indemnización que corresponde abonar a Invercap asciende a 754.718 euros por los distintos trabajos de arqueología que tuvieron que efectuar en la parcela que desencadenó el litigio.

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