El delegado del Gobierno en Ceuta, Francisco Antonio González Pérez, ha asegurado este miércoles que las Fuerzas de Seguridad actuarán “igual” que el pasado 6 de febrero con todos los inmigrantes irregulares que intercepten “en las inmediaciones de la frontera” de la ciudad autónoma, que serán entregados a las autoridades marroquíes “en aplicación de lo previsto en la Ley de Extranjería”.

En declaraciones a los medios, el delegado se ha preguntado si tendrá que repetir “en sueco” que los protocolos de actuación de la Guardia Civil “no los dicta el delegado ni ningún político” sino “el Estado Mayor de la Benemérita, sus tenientes generales y sus generales, que son quienes piensa, desarrollan y escriben esas instrucciones técnicas a las que después damos el visto bueno los políticos”. Igualmente ha insistido con tono de hartazgo que sólo se ha vetado el uso de pelotas de goma "en el agua" y porque "se ha demostrado que son inútiles para sus fines".

González Pérez ha asegurado que “los últimos informes” de los que dispone la Delegación del Gobierno cifran en “unos 1.500” el volumen de inmigrantes subsaharianos que acampa “en los montes más cercanos a la ciudad”, número que no incluye a los de origen sirio, que con más poder adquisitivo pueden permitirse residir en las ciudades e intentar cruzar la frontera con pasaportes falsos. Se trata, según sus propias palabras, del nivel “más alto de los últimos meses”.

De acuerdo con esta pauta de actuación, la Benemérita no volverá a permitir el traslado a Comisaría y posterior ingreso en el CETI de indocumentados, como hizo el pasado 17 de septiembre con los 90 subsaharianos que, tras un intento de salto grupal en el que participaron unos 350, lograron superar el espigón fronterizo y pisar la playa del Tarajal.

El procedimiento será “el mismo que el del 6 de febrero”, el “rechazo” inmediato de los inmigrantes a Marruecos que tanto el Gobierno como la Guardia Civil se niega a llamar ‘devolución en caliente’. En el informe fechado por la Benemérita en Ceuta el 8 de febrero sobre lo acontecido dos días antes en la tragedia que se cobró la vida de 15 personas, ya entregado a la juez que instruye las diligencias sobre el suceso, el Instituto Armado refiere que en el Tarajal la línea fronteriza “queda materializada y visibilizada por la línea de agentes de vigilancia que, en cada caso y circunstancia, se establece desde el espigón hasta el lugar de la playa que se estime necesario”.

“En este escenario, al igual que para la valla terrestre, los intentos de entrada ilegal no la constituyen y sólo queda consumada cuando el inmigrante ilegal rebasa la línea de vigilancia establecida quedando, por tanto, sujeto al régimen general de extranjería”, señala el dictamen sobre un supuesto que sí sería de aplicación en “otras playas” de la ciudad autónoma, tal y como ha corroborado el delegado.

El ex diputado nacional ha interpretado a preguntas de los periodistas que si la presión migratoria no se ha traducido en nuevos intentos de entrada grupales desde el registrado el 4 de marzo con unos 1.500 participantes ha sido porque “su fracaso, en vez de generar un ‘efecto llamada’, como las declaraciones irresponsables que apuntan una supuesta debilidad en la vigilancia de nuestras fronteras, ha producido uno ‘disuasorio”.

“Supongo”, ha completado, “que quienes quieren saltar ven que cada vez es más difícil o que así o entienden las redes que se dedican a indicar cuándo es el momento de hacerlo y cuándo no”. Tanto González Pérez como el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, coincidieron la semana pasada en que la cooperación demostrada en la contención de esa intentona por las Fuerzas de Seguridad marroquíes y españolas supondría “un antes y un después” en la vigilancia del perímetro fronterizo ceutí.