El Área de Menores de la Ciudad Autónoma de Ceuta ha recibido a un total de 814 menores extranjeros no acompañados (MENA) marroquíes durante los tres últimos años y solamente pudo reagrupar con su familias a 64 en territorio nacional o de la Unión Europea entre 2013 y 2015. Durante 2013 el Centro de Menores de 'La Esperanza' registró 687 ingresos de 290 niños distintos. Al año siguiente esas cifras cayeron a 563 y 234, respectivamente, mientras que el ejercicio pasado se contabilizaron 512 de 290 MENA distintos procedentes del Reino alauita.

El número de reagrupamientos familiares ha pasado de 10 en 2013 a 13 en 2014 y a 41 el año pasado. Durante ese periodo no se efectuó ningún retorno al país de origen de los jóvenes pese a que el Protocolo Marco sobre determinadas actuaciones en relación con los MENA del Ministerio de la Presidencia que entró en vigor hace un año y medio establece que la política de la Administración “debe estar orientada al retorno del menor a su país de origen, bien con su familia bien en un centro de acogida de menores de su país, como solución duradera y siempre que ello constituya el interés superior del menor”.

Fuentes de la Sección Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) de Ceuta en la Ciudad Autónoma han denunciado esta semana que 'La Esperanza', donde actualmente viven unos 170 jóvenes, se ha convertido en “una especie de residencia o colegio mayor para MENA marroquíes”.

Según el sindicato, “si bien existen situaciones de verdaderos desamparos, también las hay de fraude manifiesto”. “Un gran número de estos MENAS no lo son y sus familias están localizadas en Ceuta y localidades cercanas como Castillejos o Tetuán: mantienen un contacto regular con ellas e incluso les recogen en sus vehículos particulares”, apuntan desde CCOO, que subraya que así lo prueba la “significativa merma” del número de acogidos “en fechas puntuales coincidentes con las celebraciones las fiestas propias de su cultura”.

“El personal del Centro, que es inferior al que existía cuando fue creado, en 2000, no llega a comprender por qué, pese a sus múltiples informes al respecto, no se han realizado acciones coordinadas para evitar esos posibles fraudes que van en detrimento de la calidad asistencial y suponen una sangría económica para las arcas de la Ciudad y un efecto llamada para más menores extranjeros y sus familias”, resume Comisiones.

El desgaste "físico y mental" de los trabajadores; la "interinidad jurídica y laboral que sufren un gran número de los empleados"; la falta de un seguro de responsabilidad civil que dé más garantías a las actos que realizaan; la ausencia de un Plan de Salud que lleve un seguimiento exhaustivo de posibles brotes de enfermedades; y la falta de reconocimiento de conceptos como Peligrosidad o Toxicidad en la realización de sus funciones son otras reivindicaciones de la central.