El militar sin embargo podría decidir no acudir a este encuentro, lo que daría paso al inicio de la instrucción para desembocar en un juicio. Los motivos alegados por el Abogado del Estado para pedir la nulidad eran una supuesta infracción del artículo 460 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y la existencia previa de un procedimiento penal por los mismos hechos. En el primer caso, el Abogado del Estado se refería a la imposibilidad según el apartado 1º del artículo de admitir a trámite "las peticiones de conciliación que se soliciten en relación con: 1º. Los juicios en que estén interesados el Estado, las Comunidades Autónomas y las demás Administraciones Públicas, Corporaciones o Instituciones de igual naturaleza" ya que entendía que la petición de CCOO se refería a la intervención de una autoridad militar en actuaciones de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, la magistrada da la razón al abogado del sindicato, José Aureliano Martín, que matiza que la conciliación tiene como objetivo acreditar si los actos de espionaje e intromisión en la vida privada de Juan Luis Aróstegui y otras personas fue ordenada y consentida por el comandante general debido a algún tipo de plan de inteligencia militar, o si se debió a una decisión personal ajena al funcionamiento del propio Ejército, en cuyo caso se trataría de un acto personal y no contemplado por el artículo 460 de la LEC.

También en relación a este artículo, en concreto al punto 4º, el Abogado del Estado pedía la nulidad porque no se pueden admitir a trámite solicitudes sobre "materias no susceptibles de transacción ni compromiso". Pero en el escrito no se precisa qué cuestiones no quedan a la libre disposición de las partes y que por lo tanto no puedan ser objeto de conciliación. La magistrada alega que según la normativa civil tan sólo no se puede transigir cuando el objeto es "el estado civil de las personas, cuestiones matrimoniales o alimentos futuros", y como en ningún caso se refiere a estos ámbitos, tampoco estima el segundo argumento.

Por último, la Abogacía del Estado se refería a la existencia de un procedimiento penal sobre la misma causa, el que inició el Juzgado Togado de Ceuta y que posteriormente fue remitido a Madrid, lo que imposibilitaría abrir uno civil. Sin embargo, los servicios jurídicos de CCOO indican que en dicha causa no se han tomado acciones contra Luis Gómez-Hortigüela, y la jueza recuerda que no está recogido expresamente en el artículo 460 de la LEC, por lo que no puede prosperar. Por estos motivos, la magistrada resuelve que no procede declarar la nulidad de la admisión a trámite de la petición de conciliación y el archivo de las actuaciones. Una decisión contra la que la Abogacía del Estado puede interponer ahora un recurso de apelación.