La explanada ubicada enfrente del CEIP Reina Sofía ha acogido este miércoles por la tarde la presentación pública de la Plataforma Ciudadana STOP Madres Invisibles, un movimiento que ya ha recogido más de 500 firmas y que surge en defensa de las "más de 300 personas", sobre todo mujeres pero también hombres, que tras casarse con españoles han visto denegados sus permisos de residencia por no poder acreditar medios económicos suficientes a ojos de la Administración para sostenerse.

El colectivo de afectados reúne a cónyuges de todas las edades, en algunos casos con familias numerosas íntegramente españolas, que ven la ciudad autónoma convertida en una cárcel: no pueden, claro, viajar a la Península y al salir a Marruecos se exponen a que la Policía, al regresar, les vete la entrada, como ya ha sucedido en ocasiones.

"Los ciudadanos marroquíes que residen en la ciudad y tienen profundas raíces arraigadas por vínculos familiares son tratados de distinta manera a como lo serían en el resto de la Nación en base a débiles pretextos como el de defenderse de posibles 'efectos llamada' de ciudadanos del país vecino", ha denunciado el manifiesto que se ha leído en el Príncipe.

Los afectados "han quedado privados de todos sus derechos civiles [Sanidad, Educación, acceso a ayudas sociales...] con la reforma de la Ley de Extranjería operada con los Gobiernos de Rajoy, que vincula la concesión y la renovación de la tarjeta de residencia de los ciudadanos extranjeros, incluso los de larga duración, a la capacidad económica de los mismos o de sus cónyuges".

A juicio de la Plataforma "es suficientemente conocido por todos los estragos producidos por la crisis económica, más aún en Ceuta y sobre todo en el barrio del Príncipe, donde residen la mayoría de los afectados, bien sea por que no tenían trabajo o porque los han perdido", pero la Delegación de Gobierno "considera que estas personas representan una carga para el Estado y por ello les ha retirado la tarjeta de residencia, con lo que automáticamente son dadas de baja en el Padrón".

La asociación Al-Ámbar ha documentado 112 casos y desde hace más de tres años ha ido presentando estos expedientes en el Negociado de Estadística de la Ciudad Autónoma pero un Decreto ha puesto fin a la vía administrativa "aduciendo que los interesados no han acreditado documentalmente su permanencia en territorio español".

La Plataforma Ciudadana considera que se trata de "una burla y una falta de respeto a un colectivo perfectamente arraigado familiar y residencialmente en Ceuta y no aclara nada sobre la resolución a tantos dramas humanos que afectan a una parte considerable de la ciudadanía".