El Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta ya tiene en su poder los informes periciales solicitados al Cuerpo Nacional de Policía para certificar que las grabaciones de vídeo y audio aportadas por la Guardia Civil a las diligencias de investigación sobre la tragedia que el 6 de febrero del año pasado terminó con la muerte de 15 subsaharianos junto al espigón marítimo del Tarajal.

El dictamen técnico concluye que las pruebas “no están manipuladas”, según han informado fuentes judiciales a Ceutaldia.com.

Dos semanas después del suceso, la Benemérita entregó al Juzgado y el Ministerio del Interior publicó en su página web nueve vídeos con más de 4 horas de grabaciones de cámaras de seguridad sin audio y con escasa resolución en un gesto que la Administración calificó de “ejercicio de absoluta transparencia”. Durante los meses posteriores, sin embargo, en reiteradas ocasiones se ha puesto en cuestión que las grabaciones aportadas fuesen todas las existentes e incluso que las presentadas se hubiesen manipulado con anterioridad a su llegada al Juzgado instructor.

Para disipar esas dudas, la Fiscalía de Ceuta pidió el pasado mes de abril que peritos ajenos al Instituto Armado, en concreto de la Policía Nacional, revisasen e informasen sobre esos documentos, que según sus conclusiones “no han sido manipulados”.

Por otro lado, la Audiencia Provincial ha ordenado que el forense del departamento de Farmacología de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad del País Vasco (UPV) Luis F. Callado, que elaboró a petición de la acusación popular un informe titulado ‘Estudio e investigación sobre las autopsias a los cuerpos hallados en las costas de Ceuta y sobre varios lesionados’ en la tragedia del Tarajal, deberá comparecer ante el Juzgado local que investiga el suceso de la ciudad para dar cuenta del contenido de su análisis, algo desestimado en principio por la juez instructora.

El experto concluyó que el material antidisturbios usado por la Guardia Civil “pudo contribuir de manera significativa” a la muerte quince migrantes y que en algunas autopsias practicadas “no se siguieron los protocolos de referencia para el estudio de muertes por sumersión”.