"CONDICIONES DIGNAS Y ADECUADAS"

Plena Inclusión exige no discriminar a los discapacitados por edad para acceder a plazas residenciales

Plena Inclusión exige no discriminar a los discapacitados por edad para acceder a plazas residenciales
Imagen de recurso.
Imagen de recurso.  

Plena inclusión ha solicitado en el Consejo Nacional de la Discapacidad "que se acabe con la discriminación de personas con discapacidad intelectual dependientes y mayores de 60 años, que son derivadas a plazas en residencias de mayores cuando necesitan una atención específica" después de que el Tribunal Constitucional (TC) emitiese en enero una sentencia a favor de una persona que reclamaba su derecho a ser atendida en un centro con apoyos específicos a su discapacidad intelectual, entendiendo que vulnera el principio de igualdad ante la Ley y que deben garantizarse ajustes razonables.

En los diferentes desarrollos reglamentarios de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia, numerosas administraciones autonómicas han establecido una limitación de edad en el acceso de personas con discapacidad a plazas de atención especializada.

Ahora el TC ha establecido que estos desarrollos reglamentarios y su aplicación constituyen una discriminación, y vulneran el derecho fundamental de igualdad ante la ley. Daba así la razón a una persona con discapacidad intelectual mayor de 65 años que había sido derivada por la Comunidad de Madrid a un centro de tercera edad, y que reclamaba una plaza en un centro con apoyos específicos a su discapacidad.

Plena inclusión pone sobre la mesa el resultado de esta sentencia en la reunión del Consejo Nacional de la Discapacidad, con el fin de elevar a las Administraciones Autonómicas la necesidad y urgencia de modificar sus respectivos reglamentos para que acaben con esta vulneración de derechos. Nuestra organización espera que esta sentencia sirva de ejemplo para que las Administraciones adapten sus normativas a los tratados internacionales en aquellos aspectos en que aún se sigue discriminando a personas por razón de su discapacidad.

Las federaciones autonómicas de Plena inclusión, en esta misma línea, han manifestado unánimemente su rechazo a esta situación. Amalia Caravaca, presidenta de Plena inclusión Ceuta, ha apuntado que “es una obligación de las Administraciones y Organismos Públicos, proporcionar a las personas con discapacidad intelectual, los recursos y medios adecuados que garanticen en esta etapa de sus vidas, unas condiciones dignas y adecuadas a sus necesidades".