La Seguridad Social detecta 61 posibles 'falsos autónomos' tras revisar la situación de medio millar


La Seguridad Social detecta 61 posibles 'falsos autónomos' tras revisar la situación de medio millar

- La Comisión Local de Coordinación y Lucha contra el Fraude Fiscal y Laboral acuerda medidas para evitar el aprovechamiento fraudulento de la bonificación al transporte marítimo

- El empadronamiento irregular y sus consecuencias para las prestaciones públicas, objeto principal de atención en el foro

La Tesorería General de la Seguridad ha dado cuenta este miércoles a la Comisión Local de Coordinación y Lucha contra el Fraude Fiscal y Laboral de las inspecciones que ha realizado a más de 500 trabajadoares por cuenta propia, en las que ha detectado 61 casos de posibles 'falsos autónomos' que serán sometidos "a controles más exhaustivos".

El objetivo de este foro, que se constituyó hace dos años y que preside el delegado del Gobierno, es "conformar un espacio de trabajo para la lucha específica contra actuaciones fraudulentas como el fraude fiscal, residencias ficticias, empadronamientos irregulares, fraude laboral, prestaciones laborales, sociales, asistenciales y sanitarias, y trabajadores irregulares, entre otras cuestiones".

Los miembros de esta Comisión han abordado durante casi tres horas asuntos "muy diversos" como los controles que realiza el Servicio Público de Empleo para evitar "usos fraudulentos en las prestaciones", para lo que "previamente se verifica el empadronamiento de los preceptores de dichas ayudas".

En el ámbito del transporte se han programado actuaciones "tendentes a evitar que la bonificación al transporte marítimo sea utilizada por personas a las que no les corresponde".

Por otra parte, todos los departamentos ministeriales que conceden ayudas, prestaciones y subvenciones han detallado "el coste real que para cada una de estas áreas supone un empadronamiento irregular". Con este mismo objetivo se han propuesto una serie de medidas "para mejorar los controles sobre el fraude, así como diversas modificaciones legislativas, que se remitirán a los ministerios correspondientes sobre cuestiones que afectan directamente a las especificidades de la ciudad".

Por último se ha solicitado la ampliación del periodo de renovación de las autorizaciones de trabajo del servicio doméstico de uno a dos años con el fin de "reducir el coste que supone a las familias empleadoras" ese trámite.