JURISPRUDENCIA

El Supremo decidirá si los solicitantes de asilo pueden desplazarse a la península

El Supremo decidirá si los solicitantes de asilo pueden desplazarse a la península
Archivo.
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El Tribunal Supremo ha aceptado fijar jurisprudencia para decidir si los solicitantes de asilo en Ceuta y Melilla tienen derecho a cambiar su domicilio en España, algo que hasta estaba vedado, pese a las quejas de oenegés e incluso del Defensor del Pueblo.

La decisión del alto tribunal tiene su origen en una resolución de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras del 17 de octubre de 2017 - confirmada por el Director General de la Policía en febrero de 2018- por la que se denegaba el acceso desde Melilla a la ciudad de Almería a un migrante cuya petición de protección internacional se estaba tramitando. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) estimó el recurso del afectado y dictó sentencia el 17 de enero de 2019 argumentando que "el demandante solicitó poder trasladarse al territorio peninsular ya había instado la protección internacional y su solicitud se había admitido a trámite, habiendo sido, por ello, documentado con el de solicitante de protección internacional en trámite".

Para la Sala “dicha persona no podrá ser objeto de retorno, devolución o expulsión hasta que se resuelva su solicitud” y, estando documentado como solicitante de asilo en tramitación se encontraba "en una situación regular en España". "Tal situación de regularidad en territorio español permitía su traslado dentro del mismo, y por tanto, desde Melilla a la península", alegaba la sentencia, recurrida  por la Abogacía del Estado al considerar que de ese modo se infringe la Ley de Asilo e incluso el Acuerdo de Schengen que "prevé el mantenimiento de controles de identidad y documentos en las conexiones marítimas y aéreas procedentes de Ceuta y Melilla que tengan por destino otra parte del territorio español, haciendo de todo ello el preceptivo juicio de relevancia".

La Abogacía del Estado alerto que la decisión "afecta al control de los flujos migratorios y al cumplimiento de los principios establecidos sobre la materia por la Unión Europea” y "trasciende el caso debatido porque podría afectar a un número importante de situaciones".