UNICEF Comité Español ha presentado este miércoles el informe 'Los derechos de niños y niñas migrantes no acompañados en la frontera sur española', resultado de la investigación que ha llevado a cabo en las ciudades autónomas y Andalucía para conocer de primera mano la situación de los niños migrantes no acompañados. Un ámbito que ha sido calificado como “urgente” por el Comité de los Derechos del Niño en sus recomendaciones a España.

Sobre esta base, hace un llamamiento a todos los partidos políticos para contribuir a la adopción de un Plan Nacional de Acción que "cuente con apoyo político y presupuestario a nivel estatal y autonómico a largo plazo". También propone que este plan "garantice una protección efectiva e integral, así como la plena integración social de los niños y niñas migrantes no acompañados, conforme a los compromisos internacionales".

Asimismo, a su juicio debería incluir "un Mecanismo Nacional de Derivación que garantice una respuesta coordinada en todo el territorio, y un reparto de responsabilidades más equilibrado entre las distintas Comunidades/Ciudades Autónomas a través de un protocolo de traslados basado en el interés superior del niño".

España se ha convertido, según sus cifras, en "la primera puerta a Europa de personas migrantes, con más de 65.300 llegadas en 2018". De ellas, 6.063 son niños no acompañados que han llegado por mar. Durante los últimos dos años, el ingreso de niños y niñas migrantes no acompañados por la frontera sur española se ha incrementado en más del 150%. Según datos del Ministerio del Interior se ha duplicado el número de niños inscritos en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados, llegando a los 13.012 a finales de 2018.

“Si lo comparamos con otros países, España responde a la acogida de los niños migrantes que están solos con un enfoque de protección de la infancia. En este sentido, el caso español podría considerarse una buena práctica”, señala Gustavo Suárez Pertierra, presidente de UNICEF Comité Español. “Sin embargo, al observar la realidad de primera mano, comprobamos que hay múltiples problemas, contradicciones y carencias, en ocasiones muy relevantes, que conducen a la desprotección de los derechos de muchos de estos niños y niñas”.

Así, el informe muestra los principales retos, lagunas, brechas y necesidades del sistema de protección con el fin de identificar las respuestas adecuadas a los compromisos asumidos por España, así como aportar propuestas y recomendaciones que contribuyan en la búsqueda de soluciones.

El informe constata una situación paradójica, sobre todo en los centros más saturados: los niños o niñas que entran en el sistema de protección, en lugar de encontrarse en un entorno protector, un hogar, donde se garantizan sus derechos, comienzan una etapa donde terminan siendo cada vez más vulnerables. Una cadena de retrasos, falta de recursos, procedimientos inadecuados, decisiones descoordinadas y escasa supervisión, terminan perjudicando sus oportunidades y condiciones de vida en el futuro. Son problemas que se dan en muchas ocasiones tanto en instituciones autonómicas como a nivel estatal.

"Voluntad política"

UNICEF Comité Español reconoce que actualmente existe la voluntad política para que esto cambie. Hay procesos de diálogo abiertos a varios niveles para buscar soluciones y la inversión también ha aumentado. Pero esta voluntad política y estos procesos no deberían interrumpirse a pesar de los cambios que se puedan producir en el contexto político europeo, nacional, autonómico y local.Las propuestas que hace UNICEF Comité Español están relacionadas con todos los ámbitos, incluyendo: recepción, determinación de la edad, tutela, derivación, acogida, tramitación de documentación, herramientas de datos, pautas comunes, mecanismos de supervisión y rendición de cuentas, derecho a la educación y la integración social.

UNICEF Comité Español propone que el Plan Nacional de Acción incluya:

1. La puesta en marcha de un Mecanismo Nacional de Derivación, con un registro único de datos, la creación de centros de acogida y evaluación y un protocolo de traslados entre las Comunidades/Ciudades Autónomas.
2. Elaboración de un Plan de Contingencia para el caso de llegada de un número importante de niños y niñas migrantes.
3. Asegurar una política integral coordinada en los distintos niveles territoriales.
4. Un procedimiento común de determinación del interés superior del niño y para la determinación de la edad, acorde con las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño. Los procedimientos de edad se basan casi exclusivamente en pruebas oseométricas, que tienen un amplio margen de error. Además, estos procedimientos se suelen realizar sin las garantías jurídicas básicas, como la intervención de un abogado.
5. Desarrollo de estándares mínimos comunes en los centros (tipos y tamaños, ratios, formación de los profesionales, mecanismo de quejas, normas de convivencia, etc.).
6. Pautas comunes en las actuaciones de rescate, recepción, derivación, tutela y tramitación de la documentación.
7. Promoción del acogimiento familiar.
8. Medidas para garantizar el derecho a la educación.
9. Medidas para conseguir la integración social y laboral y la transición a la vida adulta.
10. Fortalecer los mecanismos de supervisión (sobre todo las fiscalías) y los procedimientos de rendición de cuentas.
11. Plan contra el racismo y la xenofobia a nivel nacional y autonómico.