Al Consejero de Medio Ambiente y Servicios Comunitarios, Gregorio García Castañeda no le quedó otra el lunes que retirar su plan para que la Ciudad Autónoma asuma como propio el servicio de descontaminación de vehículos, tras la finalización del contrato que unía a la Ciudad Autónoma con una empresa privada que estaba realizando esas gestiones.

La intención del consejero era que Obimace asumiera esos trabajos. Pero el expediente llegó al Pleno con escasos datos, tal y como reconoció el propio Castañeda que ante las críticas por esta ausencia de datos realizadas por el concejal de Caballas, Juan Luis Aróstegui, admitió que toda la información que estaba requiriendo se podía encontrar en otro expediente en la Consejería, pero no en el que había ido a Pleno.

En concreto, Aróstegui, cargó contra el Gobierno y contra Castañeda por llevar un plan para municipalizar un servicio bastado en la frase que dice que “es oportuno” sin aportar, ni una memoria económica, sin esclarecer que pasará con plantilla, sin dejar tampoco claro que pasará con el patrimonio técnico, camiones y grúas con los que se vienen realizando el servicio o con las instalaciones construidas con una fuerte inversión de Procesa y que jamás fueron recibidas por el Ayuntamiento (algo que unió con los antecedentes del caso Urbaser para afianzar sus dudas).

Sobre la plantilla, Aróstegui blandió un informe técnico fechado el pasado octubre que apuntaba a que debería ser asumida por quien pase a realizar el servicio, según el plan de Medio Ambiente, Obimace. “No lo ha leído porque no figura en el expediente”, le espetó Aróstegui a Castañeda que ponía cara de extrañeza ante la argumentación del de Caballas.

“Luego se llevarán las manos a la cabeza cuando surjan los problemas y dirán que esto no volverá a pasar, como ya han hecho otras veces”, recriminó Aróstegui. Del mismo modo preguntó por el destino de la chatarra. “¿Se puede vender o está prohíbido? ¿Cuánto supone la venta? ¿usted sabe qué pasa con eso?”, preguntó a Castañeda.

Por eso instó al Ejecutivo a dejar el plan sobre la mesa y a analizar toda esa información en una Comisión Informativa para que el Pleno pueda pronunciarse con toda la información que exista sobre el asunto y no sólo dos folios que dicen que “es oportuno” asumir el servicio.

Castañeda negó, basándose en su opinión, el informe del técnico sobre la plantilla, pero reconoció que nada de eso obraba en el expediente llevado al Pleno. La Chatarra se vende, según Castañeda y aludió a que Obimace tendría que presentar un plan de negocio a desarrollar una vez se decidiera encargarle la gestión del servicio.

Defendió que él conocía el estado de la maquinaria y las instalaciones y reprochó a Caballas que no hubiera acudido a la Comisión Informativa sobre el asunto porque de haber acudido él mismo le podría haber aclarado todas esas dudas planteadas. Esta acusación desató la ira de Caballas. Aróstegui, muy airado, anunció que no iba a consentir al Gobierno seguir faltando al respeto a la oposición y que de ahora en adelante su grupo no celebraría ninguna comisión que no empiece a la hora fijada. “¿Sabe por qué no acudimos? Por que la convocó mal, y llamaron por teléfono el día antes para corregir la convocatoria. Porque ustedes están liberados para estas funciones y aún así nos pasamos todo el rato esperándoles a que lleguen. Y esperamos y esperamos, y salimos de nuestros centros de trabajo para esperarles. Lo convocan todo mal, tarde y de urgencia y habitualmente hay que esperarles”, espetó Aróstegui mientras su jefe Alí, más enfadado aún le interrumpía con más y más reproches en el mismo sentido y mientras Márquez hacía gestos para mostrar su discrepancia e interpelaba al propio Alí, algo que le valió una estocada de Aróstegui: “Usted ni aparece. Los demás llegan tarde, pero usted ni aparece”, le recriminó el concejal de Caballas.

Sobre el mismo asunto Carracao, dijo sí haber acudido a la Comisión y tener las mismas dudas que Caballas por lo que se sumó a la petición del principal grupo de la oposición.

Carracao preguntó a Castañeda si era verdad que existía una oferta de la empresa que viene realizando el servicio para continuar su labor a coste cero para las arcas públicas, habida cuenta que la venta de chatarra es un negocio, y por tanto una posibilidad de desarrollo económico y generación de puestos de trabajo.

“Dice que lo de la plantilla ‘lo podemos mirar’. Tendría que haberlo mirado ya antes de traer este expediente al Pleno”.

Castañeda que defendió hasta el último segundo su iniciativa tuvo que desistir ante las dudas planteadas por la oposición que calaron en el propio Vivas, que fiel a su estilo optó por la prudencia y ordenó dejar el asunto sobre la mesa.