"ADVERTENCIA FINAL"

La UE da un tirón de orejas a España por la falta de plan de gestión de residuos en regiones como Ceuta

La UE da un tirón de orejas a España por la falta de plan de gestión de residuos en regiones como Ceuta
Imagen de archivo.
Imagen de archivo.  

La Comisión Europea ha enviado una “advertencia final” a España por “no establecer ni revisar los planes de gestión de residuos de varias regiones”, entre ellas Ceuta. Hasta la fecha, faltan todavía también, además del de la ciudad autónoma (Obimasa está trabajando en el documento, según fuentes del Ejecutivo local), los planes de gestión de residuos de las Comunidades Autónomas de las Islas Baleares, las Islas Canarias y Madrid. Además, las Comunidades Autónomas de Aragón y de Cataluña deberían revisar sus planes de gestión de residuos, ya que los adoptaron hace más de seis años.

Por esa lista, la Comisión envía un dictamen motivado en el que establece que España tiene dos meses para actuar; de no hacerlo, la Comisión puede llevarla ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). La Comisión ha pedido este mes a España que establezca planes de gestión de residuos que abarquen “todo su territorio”, en consonancia con los objetivos de la normativa de la UE sobre residuos y con los principios de “la economía circular”.

Los planes de gestión de residuos son un instrumento clave para reducir el impacto nocivo de la generación y gestión de los residuos sobre la salud humana y el medio ambiente y para mejorar la eficiencia de los recursos. Los Estados miembros deben reevaluar sus planes de gestión de residuos al menos cada seis años y revisarlos según corresponda.

Dada la importancia de dichos planes, la Comisión ha puesto en marcha procedimientos de infracción contra siete Estados miembros, entre ellos España, cuyo plan estatal de residuos se revisó hace dos años, en 2015, para adaptarlo a los nuevos requisitos de la Directiva marco sobre residuos. No obstante, dado que las Comunidades y las Ciudades Autónomas tienen la competencia principal en este ámbito, según la legislación española deben adoptar sus propios planes de gestión de residuos.

Puesto que no todas ellas han adoptado un plan de gestión de residuos válido, la Comisión ya envió una carta de emplazamiento en noviembre de 2016 pidiendo a España que adoptara las disposiciones necesarias en esta materia, requerimiento que se ha repetido ahora en el paquete de procedimientos de infracción de julio.

El PSOE interpeló al principio de esta legislatura al Gobierno ceutí por este plan. Carreira reconoció que “no existe aprobado un plan integral de gestión de residuos, no está aprobado”, aunque indicó que “ello no implica tampoco que por parte de la Ciudad se haya desatendido la gestión de los residuos porque hay actuaciones dedicadas a través de contratos de gestión de convenios que conllevan la materialización de la gestión de los diferentes tipos, tal y como viene obligado por parte del Plan Nacional”.

 

Encomienda a Tragsa

El Consejo de Administración de Obimasa acordó en octubre del año pasado tramitar una encomienda a Tragsa para la actualización de los documentos del borrador del Plan Integrado de Gestión de Residuos de Ceuta y del estudio ambiental estratégico. El primer borrador del primer texto empezó a elaborarse en 2009 y en 2013 salió a exposición pública su documento ambiental para el trámite de consultas previas.

En el se incluía una definición general del ámbito del futuro plan de residuos de la Ciudad Autónoma de Ceuta y de sus contenidos para “posibilitar la participación en el proceso de redacción del plan tanto de la ciudadanía en general como de las administraciones implicadas, las organizaciones no gubernamentales y los agentes institucionales, económicos y sociales, a través de los distintos cauces de información pública”.

El objetivo principal del plan se ha de fundamentar en “la realización de la gestión de los distintos flujos de residuos con los máximos niveles de protección ambiental exigida por la normativa vigente y los principios de desarrollo sostenible y por ende con la implicación de unos costes económicos razonablemente asumibles”. La Estrategia Comunitaria señala que el vertido de residuos debe considerarse la última opción de gestión tras apostar por la máxima recuperación material o energética.